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El Parlamento Andaluz convalida el decreto que regula una Renta Mínima de cinco meses

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín durante su intervención en el pleno.

Redacción Cordópolis

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El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado por casi unanimidad este miércoles el decreto de la Junta que recoge, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de una Renta Mínima de Inserción Social de carácter extraordinario destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, que se percibirá durante cinco meses, contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros y podrá beneficiar a unas 4.200 familias, según los cálculos del Gobierno andaluz.

En concreto, el Pleno ha aprobado, con los votos de los cinco grupos --PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox--, y el rechazo de la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez, el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

El Pleno ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus, y con los diputados usando mascarillas, que ya son obligatorias para los parlamentarios dentro de la Cámara salvo cuando estén en el uso de la palabra.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha intervenido en defensa de dicho decreto, que, además de esta Renta Mínima extraordinaria, gestionada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, incluye otras medidas de la citada Consejería de Turismo, así como de las de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

En virtud de este decreto, se realiza una modificación urgente del Decreto ley de Modificación del Decreto ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, al concurrir circunstancias de “extraordinaria y perentoria necesidad que requieren una respuesta inmediata”.

Según ha defendido Marín, este decreto ley va a permitir a la Junta de Andalucía responder con mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima de Inserción.

Medidas de empleo y ayudas a pequeños municipios

Por otro lado, por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo se incluye en este decreto ley una serie de medidas que flexibilizan el cumplimiento de requisitos exigidos a las entidades y personas beneficiarias de programas e incentivos gestionados por este departamento.

En concreto, el decreto ley convalidado garantiza, por un lado, la ejecución de los programas y proyectos de empleo ya iniciados y que gestiona el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y, por otro, otorga flexibilidad a los requerimientos exigidos para los beneficiarios de incentivos, ya sean de programas de empleo gestionados por el SAE, como de otras subvenciones otorgadas a personas autónomas y cooperativas y sociedades laborales para favorecer y mantener el empleo.

Asimismo, este decreto también contempla la suspensión de los plazos a cumplir por parte de empresas andaluzas beneficiarias de incentivos para la adopción de medidas en materia de prevención de riesgos laborales.

De igual modo, a iniciativa de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, el Decreto ley contempla también una ayuda de seis millones de euros destinada a municipios de entre 1.501 y 5.000 habitantes para financiar actuaciones para el reforzamiento y garantía de los servicios públicos de su competencia afectados por la crisis del Covid-19 o por las medidas vinculadas al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Se beneficiarán de esta medida 241 localidades y siete entidades locales autónomas (ELA).

Por otra parte, y en lo que respecta a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, el decreto recoge una moratoria en el calendario de reembolso de los préstamos concedidos por la Junta a través del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y del Fondo Jeremie Multiinstrumento, de los que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) es agente financiero y entidad gestora, respectivamente, para “paliar de algún modo las consecuencias económicas de la parada de actividad empresarial decretada a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19”.

Finalmente, por parte de la Consejería de Economía también se ha incluido en el decreto ley una modificación de la orden de bases que regula la concesión de incentivos para impulsar el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, con el fin de “flexibilizar el compromiso de cofinanciación de los ayuntamientos y entidades locales”.

Apoyo del PSOE-A no exento de críticas

El diputado del PSOE-A Javier Carnero, que ha anunciado el apoyo de su grupo al decreto ley, ha manifestado, no obstante, que es necesario reconducir el camino que ha tomado el Gobierno andaluz, porque ha optado por la “confrontación”. Ha reprochado al vicepresidente de la Junta que haya entrado en esa “deriva frentista que ha instalado” el presidente andaluz, Juanma Moreno, contra el Ejecutivo nacional. En cuanto al decreto, ha considerado que se ha perdido una “gran oportunidad” para poner en marcha medidas “reales” o un plan de empleo especial para el sector turístico.

En representación de Adelante Andalucía, el diputado Nacho Molina ha valorado “el esfuerzo de armonización legislativa” que, en su opinión, se hace en este decreto, que “trata de adecuar un ramillete de normas que ya existía antes” del actual Gobierno andaluz, pero ha advertido de que las medidas son “insuficientes”, y ha llamado a “plantearse el gasto público” para afrontar la crisis del momento.

El diputado de Vox Manuel Gavira ha manifestado que es positivo que desde la Junta se trate de que el estado de alarma no suponga menoscabo a las medidas adoptadas en su momento para impulsar la creación de empleo, y ha aprovechado para criticar las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el turismo, propias de un “desahogado y ventajista”, según ha opinado antes de tachar al también coordinador federal de IU de ser un nuevo “enemigo” del sector turístico.

Entre los partidos que sustentan al Gobierno andaluz, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha defendido que este decreto recoge iniciativas “ya vigentes o en marcha”, pero cuyo futuro “corre serio riesgo por ir asociadas a políticas activas de empleo que han sufrido una quita de 200 millones de euros” por parte del Gobierno central, según ha criticado antes de lamentar también el “acoso y derribo” que, en su opinión, ha sufrido el SAE por parte del PSOE-A a propósito de la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuando era el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que “tenía el atasco”.

Finalmente, por parte de Cs, la parlamentaria Mónica Moreno ha defendido que el decreto de la Junta persigue amortiguar el duro golpe que la crisis económica generada por la crisis sanitaria va a provocar en familias, empresas y trabajadores, y ha dicho que salir de esta crisis mejor o peor va a depender de que los andaluces encuentren un empleo estable y de calidad. “Esto no va de colores políticos, sino de personas”, ha apuntado Moreno, quien ha destacado el “esfuerzo” que está realizando el Ejecutivo autonómico en solitario.

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