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Pacma estudia posibles acciones legales tras abatir a una perra la Policía Local

Recogida de firmas en Las Tendillas del Pacma.

Redacción Cordópolis

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El Partido Animalista (Pacma) recaba información para “estudiar posibles acciones legales” tras lo sucedido este miércoles cuando la Policía Local de Córdoba ha abatido de un disparo en el pecho a una perra que se había colado en una parcela aledaña a la de la vivienda en la que residía.

En una nota, en la que destaca que la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (Fapac) ha reclamado también que se investigue lo sucedido, Pacma lamenta que “de nuevo una actuación policial desmedida e injustificada demuestra la falta de protocolos y formación de los cuerpos de seguridad para actuar en casos en los que hay implicados animales”.

El Partido Animalista se ha puesto en contacto con Cristina, la tutora de la perra abatida, a la que rescató hace un año de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), “la perrera municipal de Córdoba, para buscarle un hogar”.

En la tarde de este miércoles 21 de agosto, la perra se encontraba en su parcela junto con otros perros que también están en adopción, y se coló a la finca aledaña por un hueco en el cercado, junto con los otros tres perros, que eran cachorros.

Los propietarios de esta finca dieron aviso a la perrera y Sadeco avisó a la Policía Local, que se personó en la finca. Sacaron a los tres cachorros, que vuelven a estar con Cristina, pero dispararon en el pecho a la perra, llamada Tai, alegando que “mostró un comportamiento agresivo, porque babeaba y estaba nerviosa”.

Además, detallan que Cristina ha intentado recuperar el cadáver de su perra Tai y ha acudido a la clínica en la que se encuentra, donde ha solicitado hacerle una necropsia que determine el motivo de la muerte y las posibles lesiones que pudiera presentar. Sin embargo, “le han negado la entrega de la perra, que se encuentra identificada correctamente y con toda la documentación en regla”, según Pacma.

Al respecto, apuntan que “el caso es estudiado por varios profesionales judiciales, que analizan denunciar lo sucedido como negligencia policial y exceso de funciones”.

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