“No se debió aprobar un documento en inglés”

La exresponsable de Infraestructuras, Laura Ruiz | MADERO CUBERO
El informe jurídico del contrato del alumbrado certifica que “no hay constancia de versiones oficiales traducidas al castellano” | Lo que se llevó a junta de gobierno “no reflejaba la exacta dimensión de las obligaciones que se contraían”

La junta de gobierno local tomó ayer conocimiento del informe jurídico sobre el polémico contrato de privatización del alumbrado, vinculado a una auditoría de eficiencia energética, suscrito por el anterior gobierno local y ratificado en junta de gobierno local en abril de 2013 con la firma del entonces alcalde, José Antonio Nieto (PP). Cuarenta y cinco folios de informe en el que se dejan varias conclusiones, entre ellas que, tal y como adelantó este medio, el documento que se aprobó estaba en inglés y solo en inglés porque, pese a los esfuerzos, “no hay constancia de versiones oficiales traducidas al castellano”, recoge el dictamen firmado por la responsable de los servicios jurídicos, Mercedes Mayo.

Este extremo, que el contrato estaba solo en inglés y que así se aprobó, fue negado en su día por la exdelegada de Infraestructuras, Laura Ruiz, que en rueda de prensa el pasado 22 de agosto aseguró que “ese contrato, como todo el pliego y la documentación de este proyecto, están en las dependencias del área municipal y por supuesto que hay una copia en castellano que tiene el visto bueno y la firma del jefe de alumbrado”. Según el informe hecho público ayer, la aprobación contradice lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 30/92, en el que se detalla que “la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano” o en su defecto, “alguna lengua que sea cooficial en ella”, estipulando, en su punto tercero, que se deberán traducir al castellano los documentos.

... FALTAN ANEXOS 

No es la única deficiencia que se señala con respecto a esa junta de gobierno local de abril de 2013 en la que, siempre según el documento jurídico, no se aportó toda la documentación que regía el contrato. En concreto faltaban cuatro anexos que tampoco se han encontrado y que, según desveló ayer la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, se han tenido que solicitar al Deutsche Bank. Estos documentos se refieren a los pagos y las condiciones y obligaciones en las que incurría el Consistorio con la firma de este contrato.

Según el apartado de conclusiones del informe, con esta ausencia de documentación, el texto aprobado por la junta de gobierno local “no reflejaba la exacta dimensión de las obligaciones que se contraían”. Entre éstas, que en caso de no ejecutar la segunda parte del contrato, tras la auditoría que se presentó dos días antes de las elecciones municipales (22 de mayo), el banco podría exigir el reembolso “de forma inmediata” del poco más de medio millón de euros aportados en los dos primeros pagos, lo que además condicionaría la partida presupuestaria prevista para la auditoría, con una dotación de 623.000 euros lo que la dejaría, a efectos contables, “sin crédito presupuestario”. Todo esto, tal y como señala el dictamen, conllevaría litigar en territorio alemán, tal y como adelantó este medio.

... NO ES UNA ADHESIÓN, SINO UN CONTRATO

Previos a esa junta de gobierno local se detallan dos informes en los que, por el contexto que relata el dictamen jurídico, se solicitan aclaraciones sobre en qué consistía el acuerdo con el Deutsche Bank y que “propician la aprobación del mismo”. En estos informes se detalla que lo que se va a firmar “no es realmente un contrato, sino una simple adhesión a una solicitud” o que “este documento es un mero compromiso (...) y tampoco conlleva coste u obligación onerosa para el Ayuntamiento de Córdoba” por lo que “no tiene naturaleza contractual” sino que es una “mera solicitud”  y que ésta “tiene coste cero para las arcas municipales”.

El dictamen jurídico tumba todas estas afirmaciones, empezando por el título del documento que se firma –“contract between Deutsche Bank and Ayuntamiento de Córdoba”–, esto es, un “contrato de asistencia técnica” en el que “todas sus cláusulas hacen referencia plenamente a un contrato” en el que, en contra de lo dicho, se establecen “unas condiciones especiales y unas condiciones generales con obligaciones para el Ayuntamiento”. Entre éstas están los plazos de entrega, la famosa tasa de apalancamiento vinculada al coste de la auditoría, que se firma con Creara y que suma algo más de 18 millones de euros que podrían asumirse desde lo público o bien mediante la licitación de un pliego de condiciones en el que se externalizara el servicio y, por consiguiente, se privatizara, tal y como denunciaron durante meses los sindicatos.

... ¿Y AHORA?

Con todo esto, la solución la aportó ayer la responsable de Infraestructuras, Amparo Pernichi, quien ayer aseguró que la normativa europea se afrontará desde lo público y que, con respecto al acuerdo con el Deutsche Bank, se está en conversaciones y negociaciones para tratar de que no se tenga que devolver el más de medio millón de euros que ya se han pagado al Consistorio y que estaban vinculados a esa auditoría energética y, por extensión, a ese plan director que conllevaba una inversión de más de 18 millones de euros.

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