Nadie se fía de nadie ante el futuro de la ayuda a domicilio en Córdoba

Protesta sindical de trabajadoras de ayuda a domicilio en la puerta del Ayuntamiento.

Tres horas de reunión y desconfianza. Así puede resumirse la junta de la comisión municipal para determinar el futuro del servicio de la ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Córdoba, donde a estas alturas nadie se fía de nadie. Tras un intenso debate, en el que se expusieron sobre la mesa informes técnicos contradictorios incluso, las partes salieron de la reunión casi con más dudas de las que entraron. ¿Cómo será el futuro servicio de ayuda a domicilio en Córdoba? Nadie lo sabe.

El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, propuso a todas las partes resumir el contenido de todos los informes en una memoria. Esa memoria técnica sería un resumen de una comisión donde depende de quién hable una cosa es posible o imposible, donde la ayuda a domicilio se puede municipalizar o no. Donde municipalizar el servicio significa quebrar el Ayuntamiento. Donde no hacerlo, significa dejar tiradas a casi 1.000 trabajadoras que cobran dinero público pero que, denuncian, son explotadas laboralmente.

A la comisión se han incorporado los informes elaborados por los técnicos del propio Ayuntamiento. Tanto el económico como el laboral consideran inviable que sea el Ayuntamiento el que preste el servicio de ayuda a domicilio. Los informes exponen que las trabajadoras no podrían incorporarse a la plantilla del Ayuntamiento y que si lo hacen se podría producir un quebranto en las cuentas municipales.

El servicio de ayuda a domicilio es prestado por los ayuntamientos pero es financiado por la Junta de Andalucía. Municipios como Córdoba dependen de los ingresos de la comunidad autónoma, que casi siempre llegan con retraso. Tienen que adelantar un dinero para pagar, a su vez, a las empresas que lo prestan. Para ello, convocan concursos públicos en los que externalizan el servicio. Actualmente, lo presta Clece, que aunque ha renunciado a volver a presentarse está obligada a seguir haciéndolo mientras se vuelve a contratar (algo que ya está en trámites). El Ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación el servicio, pero lo hará por un año prorrogable a otro. La intención es municipalizar el servicio en la medida en que se pueda.

Pero en la comisión hay muchas dudas. El PSOE no lo tiene claro. Los informes municipales señalan que lo mejor es seguir como hasta ahora, pero mejorando el servicio incluyendo cláusulas de mejoras sociales y laborales tanto para usuarios como para trabajadoras. IU ha mostrado públicamente su intención de crear una empresa municipal para prestar el servicio, pero mientras tanto también apuesta por mejorar el contrato actual. Y Ganemos, respaldada por sindicatos como CTA o CNT, se muestra como fuerza más combativa.

A la comisión Ganemos sumó informes que desde su punto de vista sí que avalarían la legalidad de municipalizar el servicio. La agrupación de electores se base en experiencias que ya estarían funcionando. E incluso consideran, sin señalar directamente a los técnicos del Ayuntamiento de Córdoba, que los informes que estudia la comisión están incompletos o parten de hipótesis que no son del todo correctas.

Enfrente, hay un bloque. El PP, Ciudadanos y UCOR se oponen a la municipalización del servicio. Y lo hacen escudados en los informes del Ayuntamiento que consideran que blindan su postura. De hecho, han pedido a la comisión directamente que abandone el trabajo y que se disuelva, algo que no va a ocurrir.

De momento, nadie se fía de nadie en una comisión en la que hay casi un millar de trabajadoras pendientes de su decisión.

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