El gobierno local critica “la rigidez de los plazos” del Gobierno tras la pérdida de una subvención de 300.000 euros

La teniente de alcalde de Reactivación Ecónomica, Blanca Torrent, ha respondido este jueves a las críticas realizadas por el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, en referencia a la pérdida de la subvención para el proyecto de Agenda Urbana, vinculada a los Fondos Europeos de Recuperación y Resilencia de la UE (Next Generation), dotada con 300.000 euros.

Torrent ha recordado al PSOE que “a la hora de pedir responsabilidades hay que mirar al Gobierno de España y a la rigidez de los plazos que se nos han impuesto a los ayuntamientos de todo el país para justificar los proyectos vinculados a este programa”.

En el caso del proyecto de Agenda Urbana de Córdoba, la teniente de alcalde ha puesto de manifiesto que “desde la Ley de Contratos del Sector Público, un contrato como este, valorado en 300.000 euros, necesita de un procedimiento de, al menos de un año, dado que incluye pliego técnico y administrativo de los servicios ofertados, un informe jurídico, otro de intervención, aprobación en la Junta de Gobierno Local y exposición pública previos a la adjudicación del proyecto a un posible licitador”.

En este sentido, “la resolución definitiva por parte del Gobierno de España para el proyecto de Agenda Urbana se recibió el 11 diciembre de 2021 y el fin del plazo para la justificación del servicio (pago y facturas) tenía que estar a mediados del mes de septiembre de 2022”. En este sentido y cumpliendo estrictamente con los plazos administrativos, informes y pliegos técnicos, la licitación se publica en la Plataforma de Contratación del Estado a finales del mes de mayo de 2022 y se envía al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) donde permanece en exposición pública durante 30 días.

Con este cronograma, a finales del mes de junio de 2022 se comenzó la apertura de las ofertas presentadas por los licitadores con las correspondientes reuniones de la Mesa de Contratación que, de forma periódica, apertura cada uno de los documentos administrativos que requería el pliego para el proyecto. Una vez valorados todos los documentos y establecida la propuesta ganadora de la licitación, la propia Ley de Contratos obliga a un periodo de 15 días hábiles para la recepción de posibles alegaciones con lo que, en el mejor de los casos, no se podía formalizar el contrato con la empresa adjudicataria hasta el mes de agosto.

Para el gobierno, esta estrechez de plazos imposibilita ejecutar el proyecto, recibir la conformidad técnica de que el servicio se ha prestado y es correcto, tramitar la factura en contabilidad y ejecutar el posterior pago al adjudicatario y, por último, preparar toda la documentación administrativa y justificarla al Gobierno Central.

Torrent indica que, al igual que han hecho otros ayuntamientos del país, desde Córdoba se alertó y dio traslado al Gobierno de España de esta imposibilidad administrativa para cumplir los plazos y que, de hecho, se solicitó una prórroga para cumplir con la justificación, petición que fue denegada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Pese a todo, Torrent ha recordado al PSOE que “el proyecto de Agenda Urbana se integra en el Plan Estratégico Municipal y que, en este contexto, ya se ha desarrollado parte de esta iniciativa con fondos propios, indicando que la subvención solicitada, de la que se han empleado 25.200 euros, estaba centrada en la difusión de acciones, y no tanto en la ejecución de la herramienta para la puesta en marcha de la Agenda Urbana de Córdoba que ya está operativa”.

En este sentido Torrent ha calificado esta subvención de “envenenada, ya que la rigidez de los plazos que impone el Gobierno Central a través de la Ley de Contratos ”suponen una trampa para todas las corporaciones locales que solicitan estos fondos y una merma de recursos económicos dado que el Gobierno aprueba unas ayudas que, posteriormente reclama, por la imposibilidad de la ejecución de las mismas“ .