La “difícil solución” para las parcelas en zona inundable

“Difícil solución”. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido que la eliminación de las parcelaciones cordobesas construidas irregularmente en zona inundable es compleja. “Estamos en un callejón sin salida”, aseguró este viernes, a respuestas de preguntas de los periodistas.

El regidor se refirió a la “realidad física” que “tenemos” y que no se puede esconder: a finales de los noventa y principios de siglo se construyeron decenas de viviendas sin permiso ni regulación urbanística alguna en zonas inundables, especialmente en los alrededores del Aeropuerto de Córdoba y en las zonas bajas de Alcolea. Con la riada de este 2026 se han desalojado un total de 704 viviendas. No todas son irregulares. Hay un puñado, escaso, de legales en Alcolea, en la calle La Barca, una histórica zona inundable pero en suelo urbano consolidado.

No así la mayor parte de las viviendas desalojadas. El alcalde ha asegurado que en estos momentos hay en marcha procesos con seis expedientes de derribo. Son las viviendas construidas en la conocida como zona de policía. Es decir, casi sobre el cauce del Guadalquivir y en un suelo considerado público, el dominio público hidráulico. De esas seis viviendas con expediente, solo hay orden para demoler una.

Sobre el resto de las prácticamente 700 casas desalojadas no hay expediente alguno. Ni solución a la vista. El alcalde detalló el “callejón sin salida” en el que se encuentra el Ayuntamiento. “Salvo que lo autorice un juez, no se puede demoler una vivienda”, detalló. Por otra parte, “es un suelo en el que no se puede regularizar ni legalizar” nada. Es decir, esas parcelaciones se mantienen en un limbo jurídico “de difícil solución”.

En 2010 se inundaron casi todas esas viviendas. En este 2026 el agua ha entrado en gran parte, aunque hay bastantes zonas aún secas. Pero sus vecinos están desalojados y han sufrido ya las consecuencias del temporal.

En las parcelaciones, la realidad social es además muy compleja. Muchos de los residentes no disponen de otra solución habitacional. Gran parte de la población tiene unos escasos recursos económicos y solo un porcentaje menor usa esas casas como una segunda residencia.

Desde que se construyeron, no se ha planteado una solución a gran escala, salvo la que en su momento entregó el que era gerente de Vimcorsa, Rafael Obrero, al exalcalde, Andrés Ocaña, que apenas tuvo tiempo de mandato para ejecutar la propuesta. Obrero planteó a través de Vimcorsa una permuta con los vecinos que tuviesen casas como primera residencia. El plan consistía en alojar a estas personas en viviendas públicas a cambio de que se comprometiesen a abandonar sus parcelas y costear su demolición. El objetivo era ir devolviendo, poco a poco, la realidad física del entorno a lo que siempre fue: una zona agrícola de huertas que de vez en cuando se inundaba. El plan se quedó en un cajón. Han pasado 16 años.