El contrato para gestionar el Alcázar, cerca de naufragar al considerarse las dos ofertas “inviables”

El contrato para la gestión del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos está a un paso de naufragar. Esta semana, la mesa de contratación ha asumido un informe técnico señalando que las ofertas presentadas por las dos empresas que quedan licitando en este concurso público que ha generado las críticas de la oposición son “inviables”, según consta el documento público al que ha tenido acceso este periódico. Hace meses se excluyó del concurso a la tercera empresa que se presentó al pliego, al considerarse que su objeto social no se ajustaba a lo requerido. Ésta era la empresa propiedad del conocido empresario turístico de la ciudad Antonio Caño.

Ahora, el informe firmado por el director general de Turismo señala que las dos empresas que quedan en licitación han presentado una oferta “desproporcionada” y considerada “temeraria” según la normativa. Una ha propuesto un canon anual a pagar al Ayuntamiento demasiado bajo y otra, demasiado alto.

Al final de este concurso público, solo quedan sobre la mesa dos ofertas que están a punto de ser excluidas, por lo que la licitación quedaría desierta. Por un lado está la Unión Temporal de Empresas (UTE) llamada Cirque Eolo - Naturaleza Encendida. Por otro, la empresa Comsa Service Facility Management. El Ayuntamiento, en el pliego, previó un canon a pagar todos los años de 7.149,01 euros. La UTE ha ofertado 95.000 euros de canon al año y Comsa 4.290,99 euros. La normativa señala que si una oferta supera “en más de 20 unidades porcentuales” a otra tiene que ser considerada como un alza desproporcionada y por tanto inviable. Lo mismo ocurre al contrario.

Pero es más. El informe del director general de Turismo señala que Comsa propone un “número de pases mínimos” del espectáculo de luz y sonido en el Alcázar que en temporada baja “excede del máximo establecido en los pliegos”. En concreto, propone cuatro pases los sábados, domingos, lunes y festivos de la temporada baja. Esto también está considerado como un “alza desproporcionada”.

Ahora, ambas empresas tienen un plazo de cinco días a contar desde el día 12 (que es cuando se les comunicó la decisión) para justificar sus ofertas. Éstas ya no pueden ser modificadas, pero sí que se les concede una especie de audiencia para que las compañías expliquen porqué han puesto en su oferta lo que han descrito. Si las explicaciones no convencen al técnico de turno y, por tanto, a la mesa de contratación, es probable que el contrato acabe siendo declarado desierto y anulado.

Este pliego ha sido fuertemente criticado por Izquierda Unida. El grupo municipal lo ha llevado al Tribunal Administrativo de Recursos Contracturales del Ayuntamiento, al asegurar que está repleto de irregularidades. No obstante, la contratación ha seguido adelante.