El Ayuntamiento acusó al secretario del Pleno de buscar “una causa general” con el caso Infraestructuras

El titular de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba presentó un informe en el que denegaba una prórroga del procedimiento de Información Reservada abierto en noviembre por el 'caso Infraestructuras' aduciendo que el instructor de la investigación, el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, estaba “convirtiendo unas diligencias previas en una especie de causa general” respecto a los sistemas de contratación municipales “desde el año 2016”. 

En el escrito en el que se rechaza la prórroga solicitada para extender la investigación, este técnico recuerda que el ámbito de las actuaciones previas comprendía exclusivamente “los procedimientos de contratación” y “las licitaciones de las obras que el Ayuntamiento de Córdoba ha realizado en los últimos cinco años sobre sustitución de luminarias de alumbrado público en nuestra ciudad, así como de remodelaciones de diversas calles en las que lleva incorporado un nuevo alumbrado”.

Sin embargo, según detalla el documento, el instructor de la causa había comenzado a solicitar información y expedientes tanto de “contratos mayores como contratos menores, realizados tanto por cualesquiera de las áreas del propio Ayuntamiento, incluida Infraestructuras, como por los Organismos autónomos y de las empresas municipales”. Por lo tanto, a juicio de este técnico (que actuaba en nombre del Gobierno Municipal), el instructor se estaba excediendo en su ámbito de investigación, y ello estaba “contraviniendo claramente el ámbito de las actuaciones previas”.

Valeriano Lavela había solicitado la prórroga para seguir investigando el 'caso Infraestructuras' días antes, a principios de mayo, alegando que había estado ausente durante varios meses por una intervención quirúrgica y por vacaciones, así como por “la especial complejidad del propio procedimiento”. No se le concedió la prórroga y se dio por terminada la investigación finalmente el 19 de mayo.

David Dorado solicitó información cuando ya no era competente

Los motivos para la negativa son abundantes en el escrito del titular de la Junta de Gobierno Local. Entre otras cuestiones, según se deduce del texto, está que el que fuera concejal de Infraestructuras, David Dorado, habría solicitado “aclaraciones sobre los determinados procedimientos de contratación” cuando ya no era competente para recibir esta información, dado que el procedimiento de información reservada se hizo vinculado a Alcaldía.

Este martes, Cordópolis recordaba que, en un procedimiento poco habitual, David Dorado se convirtió alcalde accidental para solicitar el inicio de la investigación, y que fue cesado una semana después de sus responsabilidades de Gobierno, por lo que no podría tener acceso a la información solicitada. Aún así, la solicitó al instructor.

Por su parte, el secretario del Pleno llegó a remitir un escrito, con fecha 11 de abril de 2022, a la Coordinación General del Ayuntamiento, para conocer “la naturaleza, alcance, significado y límites de las funciones y tareas propias e inherentes de la instrucción de las referidas actuaciones previas de información reservada”. Un día después le recordaron que su trabajo de investigación sólo se podía limitar al alumbrado público.

Además, el escrito de rechazo de la prórroga defiende que fue su intención de investigar “cuestiones ajenas al ámbito de su instrucción” lo que ha dado lugar “a dilaciones no justificadas” del procedimiento de Información Reservada. Por todo ello, el técnico competente alegaba que no procedía aceptar la prórroga de seis meses solicitada por el secretario del Pleno.

No se pone en duda su nombramiento

A pesar de la claridad de exposición con la que deniega este nuevo plazo, el citado informe no pone en duda el nombramiento de Lavela como instructor del procedimiento de Información Reservada. Esto no es baladí, dado que este martes, en declaraciones a este periódico, desde el Ayuntamiento reconocían que tenían información desde el mes de marzo por parte de la Asesoría Jurídica de que “la Secretaría del Pleno no es el órgano competente” para dirigir este tipo de investigación.

A pesar de los presuntos reparos de la Asesoría Jurídica (cuyo jefe ha recibido el apoyo explícito del equipo de Gobierno), Valeriano Lavela continuó instruyendo la Información Reservada hasta el término del plazo acordado. Y, apenas dos meses después de que finalizara, la Fiscalía de Córdoba solicitó al juzgado investigue si, desde el año 2012 hasta el año 2021, ha podrían haberse cometido “presuntos delitos de tráfico de Influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse”, en diversos contratos vinculados al área de Infraestructuras.