Libertad con cargos para los dos cordobeses detenidos por Alaya

La juez Alaya, instructora de la causa.
Los hermanos Casado niegan los hechos ante la Guardia Civil y posteriormente ante la magistrada sevillana, y abandonan los juzgados de madrugada

Sobre las 3.20 de la madrugada, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dejó en libertad con cargos a Francisco Casado, el ex cargo de CCOO y empresario cordobés detenido el martes durante la segunda fase de la conocida como Operación Heracles, puesta en marcha por la Guardia Civil por orden de la magistrada. Antes, la juez había recogido también el testimonio de su hermano, José Manuel Casado, puesto en libertad al poco de ser detenido (está enfermo) y al que también se le imputan cargos penales. En principio, se les imputa trato de favor y haber mantenido relaciones ficticias con los principales encausados en la trama de los ERE.

Los hermanos Casado declararon ante la juez Alaya y se sometieron a sus preguntas. Cuando lo hicieron, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni las partes personadas en el caso solicitaron medidas cautelares para ninguno de los dos, por lo que quedaron inmediatamente en libertad, pero con cargos. Francisco Casado fue uno de los últimos en abandonar el juzgado sevillano. En la puerta aguantaba un grupo de sindicalistas que fue recibiendo con aplausos y con gritos de "libertad" a cada uno de los encausados en esta segunda fase de la Operación Heracles, desarrollada por la Guardia Civil. Los hermanos Casado formaron parte del sindicato CCOO, aunque éste se ha desvinculado de ellos.

Mercedes Alaya se interesó por el papel que jugaron los hermanos Casado en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la multinacional ABB, instalada en Córdoba. José Manuel Casado era presidente de su comité de empresa y abandonó la compañía en el año 2003 con una prima mucho mayor a la media, según el atestado de la Guardia Civil, gracias a su amistad con el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. El chófer de este, famoso por sus declaraciones de que usaban el dinero en cocaína y mujeres, dijo que Francisco Casado, ya como empresario, le había facturado cerca de 90.000 euros en facturas falsas. Alaya y la Guardia Civil querían saber si se trataba de un pago para devolver el favor de que José Manuel Casado había salido favorecido en el ERE de ABB.

Fuentes judiciales explicaron que Casado ha negado rotundamente los hechos ante la Guardia Civil y posteriormente ante la juez Alaya. Su empresa ya no tiene actividad desde hace años. Este periódico ha podido saber que además los agentes no encontraron ninguna documentación comprometedora en el registro practicado en su vivienda, poco después de su arresto el pasado martes por orden de la juez Alaya.

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