Ley Mordaza: las sanciones por desobediencia a la autoridad se duplican en Córdoba

Las sanciones impuestas en Córdoba por desobediencia o resistencia a la autoridad, o por negarse a identificarse ante los agentes, se duplicaron en 2017 con respecto al año anterior, como consecuencia directa de la aplicación de la llamada Ley Mordaza. Son datos facilitados a Cordópolis por la portavoz de Amnistía Internacional en Córdoba, María Jesús Monedero, y obtenidos de las estadísticas oficiales.

Según éstas, las sanciones por incumplimiento del artículo 36.6 de la Ley Mordaza pasaron de 258 en 2016 a 523 durante 2017, un aumento del 51%, muy por encima de la media andaluza, que, no obstante, también subió considerablemente en el mismo periodo (27%). Este artículo sanciona concretamente “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Por otra parte, las sanciones por vulnerar el artículo 37.4, que incluye “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, también subieron un 9,7 %. Concretamente, se pasó de 674 en 2016 a 746 en 2017.

Llama la atención el aumento de estos dos tipos penales cuando disminuyen las sanciones relativas en casi la mayoría del resto de artículos: desde la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos (que pasan de 26 a 20), el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que pasa de 1 a 0), y también la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario o titular (que cae de 158 a 116).

Reunión con la subdelegada del Gobierno

Esta diferencia preocupa a Amnistía Internacional, cuyo presidente, Esteban Beltrán, se reunió recientemente para abordar esta cuestión con la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela. Monedero sostiene al respecto que estas infracciones cuestionan “el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión e información”. De hecho, según los datos que maneja la organización en el caso de la provincia de Córdoba, el número de sanciones que penalizaron estos derechos “oscilarían entre las 1.120 en 2016 y las 1.400 en 2017”.

Son solo algunos de los aspectos que incluye la reforma penal que aprobó el PP y que ahora quiere ser derogada por el PSOE y por el PNV. El PSOE pretende recuperar el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, la conocida Ley Corcuera; mientras que el PNV quiere derogar gran parte de los preceptos de la última reforma. No obstante, entre ellos no están los artículos 36.6 y 37.4 que son los que más causas sancionadoras están produciendo en Córdoba.

Sobre éstos, Monedero recuerda que las “faltas de respeto ya estaban contempladas en el Código Penal” y que una de las novedades de la reforma aprobada en 2015 fue llevarlas al ámbito administrativo, lo que ha supuesto, por un lado “el alejamiento de la tutela judicial de la ciudadanía”, y por otro “el aumento de la potestad sancionadora”.