Laura Gomiz, la otra cordobesa que se sentará en el banquillo por Invercaria

La cordobesa Juana Martín es la más famosa de todos los procesados en las siete piezas separadas del llamado caso Invercaria. La diseñadora irá a juicio y se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Pero no es la única cordobesa que tiene problemas con la justicia por este caso. Laura Gómiz, nacida en Alcaracejos en 1980 y exconcejal del PSOE en este pequeño pueblo de Los Pedroches, se enfrenta aún a más años de cárcel que la diseñadora cordobesa.

Laura Gómiz está considerada, junto a Tomás Pérez Sauquillo, como una de las responsables del descontrol de Invercaria, la empresa pública de capital riesgo que creó la Junta de Andalucía y que está en el punto de mira de la Justicia por el descontrol absoluto en el reparto de los fondos públicos. Gómiz, que fue concejala en 2003 de Desarrollo Económico en Alcaracejos, fue nombrada en 2009 directora general de Invercaria. Apenas un año después, su cargo ascendió al de consejera delegada y en dos años estalló el escándalo.

Gómiz ha sido procesada por el mismo juez que ha dirigido la investigación contra Juana Martín, el titular de Instrucción número 16 de la Audiencia Provincial de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas. El juez de Invercaria ha concluido ya la instrucción de las siete primeras piezas del caso por las ayudas a FIVA, Fumapa, Servivation –donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo–, Operador Aéreo Andalus, Lolita Canalla, Aceitunas Tatis y la diseñadora Juana Martín. En la mayoría está procesada Laura Gómiz. Solo en el caso de FIVA, Anticorrupción pide para la cordobesa una pena de seis años y medio de cárcel.

Laura Gómiz está acusada de firmar contratos simulados, de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ejercidos, presuntamente, durante su etapa de responsable de Invercaria. No obstante, ha sido absuelta en otras de las piezas separadas abiertas por el juez, donde considera que su participación no fue tan directa.

En su defensa, Gómiz asegura que cuando llegó a Invercaria en el año 2009 trató de mejorar las inversiones que ya había realizado esta empresa pública. Así, en el caso concreto de Juana Martín señaló que fue bajo su dirección cuando se ordenó una denuncia contra la diseñadora y se recomendó que Invercaria abandonara los consejos de administración de la empresa conjunta que había creado.

Laura Gómiz cesó como consejera delegada de Invercaria en el año 2012. Poco después estalló el escándalo. La cordobesa siempre ha defendido su inocencia, pero la Fiscalía Anticorrupción mantiene la solicitud de penas de prisión contra ella.

Hasta su llegada a Invercaria su currículum era intachable. Gómiz, licenciada en Económicas por la Universidad de Sevilla, había desempeñado puestos de responsabilidad como directora financiera del Grupo Bogaris y directora general de la división agroindustrial en dicho grupo (antes llamado Detea). Gómiz completó su formación y experiencia en equipos de Auditoría y Consultoría en la oficina de Sevilla de Deloitte & Touche España.

Tras cesar como concejala en Alcaracejos, dio entrada a su hermana, que le sucedía en la lista. En el pueblo, pertenece a una familia conocida. Su empresa familiar, Sistemas Informáticos Gómiz, estuvo salpicada por un escándalo en el fraude del IVA en Extremadura, que acabó en condenas para los responsables de un entramado en el que se usaron empresas.

La implicación de Laura Gómiz en Invercaria se agravó después de que trascendiera una grabación en la que presuntamente presionaba a un trabajador de la empresa pública, Cristóbal Cantos, a elaborar informes falsos.