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El juzgado de instrucción 8 ya investiga el 'Caso Edu'

Desempleados a la puerta de una oficina del SAE en Córdoba | MADERO CUBERO

Antonio Gutiérrez

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Las diligencias han sido declaradas secretas y llegaron el pasado martes en sobre cerrado al juez titular, José María Escribano.

En un sobre cerrado, no muy voluminoso y con total discreción. Tanta que los propios trabajadores del juzgado de Instrucción 8 no sabían nada de que en el reparto de asuntos les había tocado en suerte el caso Edu relativo al presunto y masivo fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía.

El propio titular del juzgado, José María Escribano, confirmó que las diligencias ya están en su poder y que, al igual que en el resto de provincias andaluzas, las investigaciones se han declarado secretas por lo que cualquier información al respecto deberá gestionarse a través de los canales oficiales, máxime si se tiene en cuenta que “acabamos de empezar”, indicó el juez.

Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta.

En el caso de Córdoba, y a expensas de las investigaciones que desarrolle a partir de ahora el juzgado de instrucción, número 8, de la capital, las sospechas se centran en una empresa “cazasubvenciones”, Córdoba Formación e Inserción S.L., creada en septiembre de 2010 y cuya constitución coincide con el inicio de operaciones de empresas similares en Jaén, Málaga y Granada. La sede social de esta empresa está en la plaza de Colón de la capital cordobesa.

Según las primeras pesquisas, sesenta días después de su constitución, esta empresa recibió fondos para la formación por un valor aproximado de 60.000 euros. De las pesquisas que a partir de ahora realice el juzgado se determinará si éste es el único caso en Córdoba o si la trama se expande a otras sociedades que recibieron fondos autonómicos para la formación en la provincia.

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