Un juzgado decidirá los turnos de palabra del Pleno

El PP presenta una demanda contencioso administrativa por el presunto incumplimiento del artículo 66 del reglamento plenario | Piden el interrogatorio de Isabel Ambrosio como presidenta del Pleno e indican la posible nulidad de la aprobación del presupuesto

Lo advirtieron y han acabado haciéndolo. El Partido Popular ha presentado una demanda contencioso administrativa, firmada por su once concejales, por el orden de intervenciones en el salón de Plenos del Ayuntamiento y, más concretamente, por el presunto incumplimiento del artículo 66 del reglamento plenario en el que se indica que “los diversos grupos consumirán su turno de intervenciones por orden inverso al número de concejales que lo integran”. Esto es, el PP sería el último en intervenir, ya que tiene el mayor número de ediles, once.

De esta manera, un juzgado será el que decida quién habla primero, quien después y a quién le corresponde cerrar las intervenciones en los debates en Capitulares. La demanda, según las fuentes consultadas, ya ha sido admitida a trámite y el equipo de gobierno ya tiene conocimiento de ella, entre otras cosas porque ha designado abogado para defenderse.

El conflicto se lleva repitiendo a lo largo de estos diez meses del nuevo gobierno local. En un primer momento, y según el texto de la demanda, el PP consideró que se trataba por la inexperiencia del nuevo equipo de gobierno, pero la cosa ha ido a mayores y tras reuniones, réplicas y contrarréplicas ha acabado en los tribunales ante los que, si se tienen en cuenta las reclamaciones de los populares, deberá comparecer Isabel Ambrosio para ser “interrogada”, en calidad de presidenta del Pleno, por el letrado que defiende los intereses del PP.

Las iras de los populares se centran en la alcaldesa-presidenta. Según el texto de la demanda a la que ha tenido acceso este medio, la gota que colmó el vaso se produjo el pasado 9 de febrero en el Pleno en el que se debatían los presupuestos cuando Ambrosio inició el debate dando el turno de palabra al portavoz municipal de los populares para, acto seguido, pasar el turno al PSOE (siete concejales).

El PP protestó y la respuesta de la presidenta del pleno, por la que va a acabar declarando en el juzgado, fue que “el acuerdo al que llegamos es que en las mociones políticas y atendiendo a la representación de los grupos municipales, se haría de menor a mayor, pero no en aquellos asuntos que son iniciativa del gobierno municipal”, una interpretación que, según el texto de la demanda, no cabe en el reglamento y que, además podría tener consecuencias ya que, dado que se ha vulnerado el orden de intervenciones, los acuerdos adoptados (la aprobación de los presupuestos) podrían ser nulos.