La Junta lamenta que el retraso en expedientes ambientales haya hecho perder 5.800 empleos

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Córdoba, Araceli Cabello, ha presentado un informe en el que se pone de manifiesto que el “colapso administrativo en la tramitación de los 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes” haya “hecho perder 5.800 empleos potenciales”.

Según ha detallado la Junta en una nota, dicha situación ha podido “frenar inversiones por un montante de 6.500 millones de euros en Andalucía, incluidos 2.800 millones de euros relativos a energías renovables”, ha afirmado Cabello. Al respecto, la delegada ha comentado que anteriormente existía “una falsa protección medioambiental de palabra que, realmente, lo que producía era una parálisis medioambiental y una inseguridad jurídica en Andalucía”.

La tramitación de estos expedientes, según el mencionado informe, ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Esta parálisis también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan más del once por ciento de la población desempleada en Andalucía.

La Consejería considera que, “solo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50 por ciento de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces”. Así, la delegada territorial ha lamentado que esta situación es la consecuencia de “una mala gestión que ha paralizado nuestra comunidad autónoma y no ha protegido el medio ambiente”.

La Junta ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente.

Por otro lado, la Consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes en la comunidad autónoma, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración.

En su intervención, Araceli Cabello ha explicado que la situación anterior es fruto de una “mala gestión y dejadez pero también hay una cuestión de filosofía política”. “Nosotros creemos en una comunidad autónoma con posibilidades de desarrollo sostenible, pero otros no lo creían así y, por tanto, durante todo este tiempo no han trabajado por ello”, ha recalcado.

El informe elaborado por la Consejería concluye que, en la actualidad, hay 275 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 62 corresponden al departamento de Instalaciones de Gestión de residuos, 35 a Autorizaciones de emisiones a la atmósfera y 20 al de Evaluación Ambiental Estratégicas de Planeamiento Urbanístico (EAE).

Además, en el departamento de la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de diez meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años hasta alcanzar los 49 expedientes pendientes. La Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses de media en hacerlo, ha sumado 109 expedientes sin resolver.

En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.

“Que el Gobierno anterior tuviera colapsado la gestión de hasta 275 expedientes ambientales ha provocado que en la provincia de Córdoba hayamos perdido 5.800 empleos”, ha subrayado Araceli Cabello.

En una primera estimación aplicada al caso de almazaras, por ejemplo, el 80% de éstas vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada. Esta última calificación sería únicamente para las almazaras que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea.

Otra muestra de simplificación administrativa que se lograría con la modificación planteada es que alrededor de un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental. En este caso, las instalaciones beneficiadas serían las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial.