La jueza prorroga otros seis meses más la investigación sobre la Fundación Guadalquivir

La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha acordado prorrogar seis meses más la investigación sobre el caso del supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía por parte de dirigentes de la Fundación Guadalquivir Futuro.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han detallado que la instrucción se prorroga hasta finales del mes de junio, “dado el volumen de las actuaciones”, de manera que supone “una causa compleja”.

Además, han apuntado que la juez está pendiente de recibir los datos de las distintas peticiones que ha realizado a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital cordobesa para conocer el importe de las subvenciones otorgadas a la fundación en 2015 y 2016, que en el caso de la administración local es “una cantidad muy pequeña y poco significativa” en comparación con las del Ejecutivo regional, según las fuentes judiciales.

Al respecto, la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tramita el procedimiento de reintegro por el total de la subvención concedida, que ascendía a 103.793,54 euros, al tiempo que el SAE ha impuesto una sanción a la entidad por importe de 20.000 euros, que deriva de los hechos contenidos en el acta de infracción incoada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tras la denuncia de varios trabajadores de la fundación, detectó una serie de incumplimientos tipificados como infracciones muy graves en materia de empleo.

En este caso, una inspectora de trabajo ha declarado sobre la investigación de las subvenciones de la Junta, indicando las fuentes que “todo apunta a que se desviaba el dinero” presuntamente por parte de los principales dirigentes investigados, con “la obligación a los trabajadores de hacer donaciones de en torno al 25 por ciento de su sueldo bajo la amenaza de quedarse en paro”, entre otras supuestas prácticas.

Supuestos cobros en cuatro años

Entretanto, una sobrina de la presidenta de la entidad, Ángeles Muñoz, investigada en la causa, ha manifestado recientemente ante la juez que el supuesto cobro de mordidas a desempleados se prolongó durante “unos cuatro años” y no solo dos, 2015 y 2016, como se investiga en el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, según fuentes judiciales.

En concreto, la testigo ha detallado ante la magistrada cómo eran las entrega de fondos que realizaba presuntamente su tía, al tiempo que ha apuntado a ella, al hijo de ésta, Cristian Menacho, y al vicepresidente de la asociación, todos ellos investigados.

Mientras tanto, no ha señalado a la también investigada Alejandra Pérez, quien fuese número dos de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa, ligada junto a Menacho, ex secretario general de JSA en la capital, a la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir.

En este sentido, la sobrina ha manifestado que Ángeles Muñoz presumía del respaldo político que tenía, aseverando que ella decía que “tenía agarrados por los cojones a Juan Pablo Durán y a Rosa Aguilar”, el presidente del Parlamento andaluz y ex secretario general del PSOE en Córdoba y la actual consejera de Justicia de la Junta y exalcaldesa de la capital cordobesa, respectivamente.

En su testimonio, explica que la presidenta, que fue en las listas del PSOE en 2011, supuestamente realizaba continuos viajes de Córdoba a Jerez de la Frontera (Cádiz) para “llevar dinero”, que salía “de las subvenciones de los tontitos”, según las palabras de la sobrina que escuchaba de Ángeles, que lo justificaba en que se lo debían, porque había hecho “muchos favores”, según su relato ante la juez.

“Fajos con 5.000 euros”

De este modo, la testigo ha realizado una explicación de cómo eran las entregas de fondos presuntamente por parte de Ángeles Muñoz, de manera que llevaba “fajos cogidos con una gomilla de color verde donde habría unos 5.000 euros más o menos” y a parte llevaba “un sobre blanco con el sello de la fundación con 3.000 o 4.000 euros”.

Al respecto, ha afirmado que “el fajo se lo daba a uno de sus hermanos --que no consta como investigado-- y le decía 'guárdalo donde tú sabes'”. Ese familiar, dice en la declaración, era el que siempre recibía el dinero. El contenido del sobre, sin embargo, presuntamente se repartía entre distintos miembros de la unidad familiar. La testigo también detalla cantidades de “1.500 euros a su madre --la abuela de la declarante-- y el resto a otros familiares”. “El sobre salía vacío de mi casa”, según la testigo.

Tras ello, ha hecho mención a “regalos suntuosos”, con “bolsos muy caros”, viajes al extranjero y hasta “una comunión con limusina”, según han indicado las fuentes. “Mi propia abuela decía que le daba miedo ese cambio de vida”, según la declaración de la sobrina, quien ha añadido que su abuela tuvo que “hacer una obra para un cuarto de baño adaptado” y supuestamente su tía Ángeles Muñoz “le dijo al albañil que pusiera la factura de la obra a nombre de la fundación”.

Toda la familia de Ángeles Muñoz, según el relato de su sobrina, temía por las consecuencias de tanto dinero y le advertían de que a ver si la iban a “meter presa”. La testigo asevera que, cuando se interrogaba a su tía por el dinero que llevaba a la casa familiar, respondía que son “regalitos que yo me hago” como consecuencia de su labor en la entidad. Los investigados negaron en su momento las acusaciones de la denuncia inicial.

Unos 30 empleados

Cabe destacar que la declaración se ha producido ante todas las partes del sumario del caso de las supuestas mordidas como prueba preconstituida, todo ello a propuesta de la representación legal de Podemos, que presentó la denuncia firmada por los parlamentarios andaluces David Moscoso y Juan Moreno Yagüe.

En este caso, el grupo parlamentario de Podemos considera que unos 30 trabajadores pagaron cantidades que rondan el 20 por ciento de su sueldo durante periodos de seis meses en los años 2015 y 2016.

En concreto, los empleados han declarado ante la juez que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta mediante un sistema de ayudas finalistas y del que presuntamente se beneficiaron la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir, todas ellas de la zona sur de la capital.