La jueza imputa a una cuarta persona en el caso de la Fundación Guadalquivir

La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba que investiga un supuesto fraude y mordidas de dinero público en la Fundación Guadalquivir y en Jóvenes para el Futuro ha decidido citar en calidad de investigada a una cuarta persona, en relación con la denuncia. Esta persona es el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir, José Antonio González Adame, que se suma a la del presidente, Cristian Menacho (exsecretario general de Juventudes Socialistas en Córdoba), su madre Ángeles Muñoz y la exnúmero dos de las Juventudes Socialistas de Córdoba, Alejandra Pérez, quien presuntamente fue receptora de fondos de una de los organismos investigados.

La citación se produce después de la ampliación de la denuncia que ha hecho Podemos Andalucía. Su diputado por Córdoba David Moscoso entregó en sede judicial más material que supuestamente vincularía a esta cuarta persona con el presunto fraude denunciado. Podemos, que se ha presentado como acusación particular en el caso, ha llegado a apuntar a altos cargos del PSOE de Córdoba en la trama.

Este verano los trabajadores de la Fundación Guadalquivir, Jóvenes para el Futuro y también algunos miembros de la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir decidieron romper su silencio y comunicar a la Junta lo que consideraban que era un escándalo. Los trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo y también ante la Consejería de Empleo que eran obligados a dar parte de su sueldo en concepto de donativos que no se sabía muy bien a dónde iban.

Estas tres organizaciones, que recibían importantes cantidades de subvenciones públicas, estaban controladas por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, madre e hijo, dos caras muy conocidas dentro del PSOE de Córdoba. La madre fue en la lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. A su cargo, y a través de estas tres entidades, tenían un importante número de trabajadores (casi todos mujeres) y participaban en distintos talleres sociales, atención a mayores a través de cáterings, limpiadoras…

En junio, un grupo de trabajadoras dijo basta. Una empleada se negó a aportar donativos de su sueldo y fue despedida, según consta en una de las denuncias ante la Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso este periódico. Pero fue dada de baja sin saberlo, según denunció. El resto de denuncias, aunque casi siempre anónimas, llegaron en cascada hasta que se abrió una investigación que acaba de descubrir, siempre según apuntan todos los informes consultados por este medio, que los empleados eran obligados a aportar parte de su sueldo. Algunos apuntan que los donativos a este conglomerado llegaban a alcanzar los 500 euros al mes.

La Junta, a través de sus informes, considera probado que al menos desde 2014 se están produciendo estas prácticas. De hecho, ha abierto una información reservada por la denuncia de otro trabajador en la entidad Jóvenes para el Futuro, también controlada por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho.

La investigación de la Consejería ha descubierto que no solo se aportaban donativos por parte de los trabajadores. También se detectó otra práctica: el cobro de dinero a los asistentes a los talleres que impartía la Fundación Guadalquivir en las clases de apoyo. Según la información, a cada niño se le cobraba un euro por hora de clase, tal y como ha denunciado uno de los antiguos trabajadores de esta entidad.

En sede parlamentaria, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades y tendrán, además, que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron. Durante su comparecencia, Sánchez Maldonado recordó que la Inspección de Trabajo inició una investigación a raíz de la denuncia de algunos trabajadores contratados en base a ayudas recogidas en el Decreto Ley 2/2015, que incluye ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de empleo.

Además, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE también inició un expediente de información reservada para clarificar la ejecución de estas ayudas. Según el informe de la Inspección de Trabajo se considera que los hechos constituyen “una infracción laboral muy grave en materia de empleo”, que lleva aparejada la sanción a las entidades, la pérdida automática de las ayudas y la devolución de las subvenciones recibidas.