Una juez inhabilita al ex alcalde de Nueva Carteya

La magistrada condena a Antonio Ramírez, del PSOE, por prevaricación al hacer pagos pese a los reparos levantados por el secretario municipal; el ex regidor recurrirá

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado al ex alcalde de Nueva Carteya Antonio Ramírez Moyano a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber ordenado varios pagos pese a los reparos levantados por el secretario municipal. Ramírez fue alcalde de Nueva Carteya, por el PSOE, entre 1999 y 2007. El ex alcalde recurrirá la sentencia.

El juicio se celebró el pasado 7 de marzo en la Audiencia Provincial de Córdoba. En la misma, la Fiscalía no observó la existencia de indicios de culpabilidad del ex alcalde y llegó a solicitar el archivo de las diligencias. Cuatro meses antes de las elecciones municipales de 2007, Ramírez Moyano fue denunciado por la oposición (IU) por prevaricación continuada por diferentes pagos realizados durante su mandato, pese a las advertencias legales de la intervención municipal.

Durante la vista, la jueza constató, por boca del secretario del Ayuntamiento, que la práctica de adelantar pagos para obras subvencionadas antes de recibir las ayudas y de ser incluidas en los presupuestos municipales era habitual. Incluso cuando contaban con las objeciones del secretario interventor. Dicha práctica, además, se venía produciendo en las legislaciones anteriores a la del propio Ramírez. “Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?”, reflexionaba en voz alta y claramente contrariada la magistrado.

La causa ha sido dos veces archivada en los juzgados de Cabra, donde se tramitó. Pero los recursos terminaron derivando el caso a la Audiencia Provincial. Pero tampoco el Ministerio Público ha hallado indicios de delito alguno. Aun así, la acusación particular, que representa al actual alcalde, Vicente Tapia, considera que su antecesor ordenó “multitud de pagos de créditos que ostentaban terceros contra el Ayuntamiento, sin estar previamente reconocidos ni existir consignación presupuestaria y haciendo caso omiso a los reiterados reparos del interventor municipal”.

Tanto la Fiscalía como la defensa de Ramírez señalan que, a pesar de que existían esas objeciones del secretario interventor municipal, se dio cuenta de los pagos en el Pleno municipal para que la oposición contase con la información. Asimismo, el secretario ha reconocido al fiscal que ninguno de esos pagos por adelantado que no contaban con su visto bueno inicial quedaron pendientes. Es decir, que cuando se recibió la ayuda pública, se procedió a incluirse en el presupuesto municipal para cuadrar las cuentas.