La juez Alaya imputa al gerente de Faecta en Córdoba

La juez Alaya, entrando a su juzgado. | MADERO CUBERO
La Guardia Civil envió a la magistrada un informe por una ayuda de 120.000 euros recibida en 2001 por la federación que se habría justiricado con cargo a seis meses de alquiler de la sede en Córdoba de esta asociación

Mercedes Alaya, la titular del Juzgado de Instrucción que investiga la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, acaba de imputar al gerente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas y de Trabajo (Faecta) en Córdoba, Francisco Moyano, según consta en el último auto en el que la juez ha imputado a otras 14 personas más. La magistrada imputa a Francisco Moyano después de haber recibido un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre esta federación de cooperativas.

Según el atestado de la Guardia Civil en el que se ha basado la juez Alaya para formalizar la imputación de Moyano, y desvelado el pasado mes de marzo por la agencia EFE, Faecta recibió 120.481 euros para formación de desempleados y justificó con cargo a ello seis meses de alquiler de su sede en Córdoba, pese a que el curso se impartió en un local cedido gratis y durante tres meses. Según el instituto armado, esa ayuda fue objeto de revisión en el 2013 por la Consejería de Economía, quien constató que no hubo una solicitud previa de la ayuda, ni memoria justificativa que razonase su “finalidad pública e interés social y económico”, y además el convenio carecía de “motivación coherente”.

El objeto de la ayuda, concedida en el 2001, era preparar a los trabajadores de la empresa Azahara Textil para reubicarlos en otra actividad empresarial, en concreto en automoción, y para la puesta en marcha de un plan de viabilidad. La federación de cooperativas, según la Guardia Civil, justificó un total de 2.096 euros por el alquiler del local para impartir las clases, cantidad que “corresponde con seis mensualidades de las dependencias en las que se ubicaba Faecta Córdoba” y las clases “fueron impartidas en unas dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas gratuitamente”, señalaba la agencia EFE en su información. “El curso duró unos tres meses, no obstante tanto los gastos de alquiler como las nóminas de los tres asalariados de FAECTA corresponden con seis mensualidades”, añade el informe.

La Guardia Civil también precisa que con cargo a dicha subvención se justificaron las nóminas de Francisco Moyano, gerente de Córdoba, José Morgado, gerente en Málaga, y Ana Hidalgo, trabajadora de Faecta en Córdoba, por un importe total de 30.362 euros.

Ahora, la juez Alaya señala en su auto que “en fecha 15 de febrero de 2013 el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo declara la no procedencia de nulidad del convenio de colaboración, al considerar que Faecta no fue auténtica beneficiaria de la ayuda, por lo que acuerda no exigir el reintegro de la subvención concedida”. En el auto, Mercedes Alaya encarga un nuevo trabajo a la Guardia Civil: requerir a Faecta el organigrama a nivel regional de los meses investigados.

La causa que instruye desde hace cuatro años la juez Alaya acumula ya un total de 166 imputados. Está previsto que a finales de este mes se reanude con nuevas declaraciones, como las del “tándem” formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, principales implicados en esta macrocausa.

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