Éste es el informe que tumba la Ciudad Deportiva

Los servicios jurídicos hablan de “fraude de ley” y de graves errores de fondo y forma en la cesión de terrenos | Se aprobó en el GMU cuando debía haberse hecho en junta de gobierno local | El Consistorio ofrece terrenos junto a Rabanales 21 y su total disposición a llegar a un acuerdo

Una concesión repleta de graves errores de fondo y de forma que, en opinión de la jefa de los servicios jurídicos desembocó en una cesión de terrenos “en fraude de ley” y que, evidentemente, implica que el acuerdo entre el Consistorio y la Fundación del Córdoba CF sea “nulo de pleno derecho” tal y como se ratificó ayer en la junta de gobierno local urgente en la que se decidió el asumir el contenido de este informe y dar marcha atrás en un proyecto que ahora se replantea, y así se le ha ofrecido a la Fundación del Córdoba, junto a Rabanales 21, señalaron ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio y el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, que recalcaron la total disposición del gobierno local a cerrar “cuanto antes” un acuerdo con la institución.

¿Qué dice este informe? A lo largo de 28 páginas la responsable de los servicios jurídicos indican que las tramitación se hizo mal desde el principio. En concreto, cuando se presenta la memoria del proyecto se habla de once parcelas afectadas que suman 121.102 metros cuadrados cuando el objeto de la cesión sería de 23.491 metros cuadrados. “Evidentemente el contenido de esta memoria es total y completamente erróneo”, indica el informe que añade que el pliego “parece excluir la posibilidad de uso público al establecer el uso exclusivo por el concesionario del bien”.

El primer gran error de fondo, según el informe, llega tres meses después, el 22 de abril, cuando el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprueba la cesión. “Existe una clara falta de competencia de los órganos de gobierno de la GMU que han otorgado esta concesión” ya que este suelo, con categoría de demanial “está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento que es su único titular no teniendo la GMU ni siquiera la titularidad fiduciaria sobre éste”. ¿Qué significa esto? Que la aprobación tenía que haber realizado por la junta de gobierno local.

El segundo 'gol' al proyecto de cesión viene cuando la letrada habla de un posible “fraude de ley en el otorgamiento de esta concesión” ya que ésta, realizada por 75 años, “supone real y manifiestamente una desafección o diferente uso del suelo de su destino público, como sistema general verde, afectando como tal a la ordenación estructural del PGOU vigente”, lo que obligaría a haber promovido previamente una innovación del PGOU. El haber eludido esta tramitación, sigue el informe, “podría suponer un fraude de ley al adoptarse un acto bajo una apariencia de legalidad, pero infrigiendo o eludiendo la normativa”.

A esto hay que añadirle una sentencia del Supremo en la que se deniega la construcción de una biblioteca universitaria en Sevilla, en el Prado de San Sebastián, en la que se recalca que “cuando se hace desaparecer en todo o en parte una zona verde no basta explicar por qué se ubicará tal edificación, sino que han de explicarse las razones por las que no puede ser construida en otros terrenos”. Esto es, “para poder edificar sobre lo que era una zona verde solo puede hacerse exponiendo las razones por las que ningún otro emplazamiento es posible”, aludiendo a que serán “nulos de pleno derecho” los actos administrativos que se dicten con infracción de la ordenanza de las zonas verdes“.

El informe continúa señalando problemas como que no se han pedido informes a la Junta sobre la posible afección de la implantación de esta infraestructura en el proyecto de la Ronda Norte, tampoco se han justificado la reserva de plazas de aparcamientos y bicicletas, así como otras deficiencias en la tramitación del proyecto que llevan una y otra vez a la misma conclusión: la cesión es nula de pleno derecho y, por tanto, debe plantearse su extinción.