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El hermano Manolo niega los abusos y maltratos de los que se le acusa

El hermano Manolo y otro de los acusados cruzando la avenida del aeropuerto FOTO: MADERO CUBERO

Manuel J. Albert

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El principal acusado dice que todos los delitos que se le imputan proceden de una trama de trabajadores que estaban contra él

El juicio contra el fraile franciscano de la Cruz Blanca Manuel Ortiz, conocido popularmente como el hermano Manolo ha comenzado esta mañana a puerta cerrada. Ortiz, que está acusado de abusos sexuales y malos tratos a usuarios de la residencia de día para minusválidos psíquicos que dirigía ha negado todos los hechos que se le atribuyen. Los otros dos acusados, otro religioso y un seglar, también han negado los delitos de abusos sexuales que se les imputan.

“Los tres acusados han negado todos los hechos. Han negado una por una las muchas acusaciones de distintos lances que han hecho”, ha afirmado Emilio Zegrí, abogado del hermano Manolo. El principal acusado ha respondido a todas las preguntas, sin acogerse a su derecho de no declarar. El interrogatorio se ha producido siguiendo el escrito de acusación del fiscal y cada episodio que imputaban eran negados por los acusados, continúa Zegrí.

La defensa del hermano Manolo solicitó que se permitiera hacer el juicio de forma pública, “por que entendemos que es útil que se vea cómo se hace justicia”. Asimismo, los letrados de los tres acusados pidieron a la jueza de la sala que se desvelase la identidad de un testigo protegido, “pero también se han negado a ello”, ha lamentado Zegrí.

El hermano Manolo se enfrenta a una petición de pena del fiscal que suma los 20 años y medio. Otro religioso y un seglar están acusados de tres delitos de abusos cada uno, con peticiones de pena que suman nueve años de cárcel. Se espera que hoy declaren los tres acusados y otros 10 testigos y peritos. Las sesiones pueden ser muy largas ya que, además del Ministerio Público, hay siete partes personadas, tres defensas y cuatro acusaciones particulares.

El acusado seglar, un extrabajador de la residencia de día, ha mostrado “su incredulidad y estupefacción por estar imputado”, ha afirmado José Manuel Roldán, su letrado defensor. Roldán ha destacado que entre la decena de testigos llamados a declarar esta mañana por el fiscal se han distinguido dos grupos, uno que atacaba más directamente al hermano Manolo y otro que lo exculpaba.

“El hermano Manolo atribuye las acusaciones a una venganza de una serie de trabajadores que se pusieron contra él. No reconoce ningún gesto brusco con los usuarios, pero sí ha explicado que son como niños grandes que a veces cuesta moverlos”, ha proseguido Roldán.

El caso se destapó cuando la reina Sofía suspendió en octubre de 2009 su visita a la Casa de San Francisco de Asís, el centro de día que regentaba el hermano Manolo. Cuando solo quedaban horas para celebrarse, la cita quedó anulada. La Cruz Banca ya estaba siendo investigada por un presunto caso de abusos sexuales. Las pesquisas derivaron en la detención de un postulante a fraile que había trabajado en la casa. El imputado aceptó una pena de cinco años de cárcel tras declararse culpable de tres delitos de abusos sexuales a un discapacitado con 86% de minusvalía.

Para entonces, Manuel Ortiz y otros dos trabajadores (un religioso y un seglar) ya estaban imputados en otra investigación derivada de aquel primer episodio y que todavía iba a durar dos años más. Las pesquisas para sentar a los tres en el banquillo de los acusados arrancaron, de nuevo, con el envío de otra larga carta anónima en marzo de 2010, que daba cuenta detallada de nombres, lugares y episodios de abusos por los que hoy han empezado a ser juzgados.

En su escrito de acusación la Fiscalía afirma que la vida dentro de aquella residencia de día estaba sometida a un “rigor innecesario” por parte del hermano Manolo. El Ministerio Público contabiliza más de una decena de episodios de violencia y acoso. Un día que una usuaria no quiso comer, Ortiz supuestamente la “introdujo en la cámara frigorífica que existe en el centro” de la Cruz Blanca.

El fiscal señala que estos hechos “nunca fueron denunciados a las autoridades sanitarias, dado que nunca los residentes y lesionados fueron llevados a centro hospitalario alguno, por lo que debemos presumir a efectos de la calificación que cada una de las agresiones descritas no precisaron de tratamiento médico o quirúrgico alguno”.

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