El Gobierno anula el acuerdo de Pleno de reducir la jornada a los funcionarios

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, remitió un escrito este viernes al equipo de gobierno del Ayuntamiento en el que le insta a dar por anulado el acuerdo del Pleno del pasado mes de noviembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero por el que los funcionarios y trabajadores municipales pueden salir 15 minutos antes o entrar 15 minutos después en cada jornada de trabajo.

El Gobierno considera que el acuerdo “vulnera la normativa estatal de carácter básico” ya que “en la práctica” supone un reconocimiento de las 35 horas semanales entre los trabajadores del Ayuntamiento. De hecho, el Ejecutivo insiste en que “las competencias” para regular la jornada laboral de los trabajadores públicos es competencia exclusiva de la Administración General del Estado. En caso de que el Ayuntamiento no vuelva a aplicar las 37 horas y media establecidas anteriormente, el Gobierno se reserva la posibilidad de llevar el caso a los tribunales.

El Pleno del pasado mes de noviembre aprobó la medida, propuesta por el PSOE, no sin polémica. El PP se preguntaba si la misma se iba a aplicar entre toda la plantilla municipal o exclusivamente en los servicios centrales del Ayuntamiento. Finalmente la iniciativa fue aprobada por el Pleno.

La Subdelegación del Gobierno ya anunció que pediría un informe para determinar la legalidad de la aplicación de las 35 horas en el Ayuntamiento. El Gobierno sostiene que se trata de una medida aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de enjugar el déficit público, con un aumento de la jornada laboral de los funcionarios y por tanto de su productividad. Sin embargo, los sindicatos han defendido justo lo contrario: que a mejores servicios horarios más flexibles que faciliten, a su vez, la contratación de más personal.

Las 35 horas semanales también se están aplicando entre todo el personal de la Junta de Andalucía, tras un acuerdo del gobierno presidido por Susana Díaz. Está previsto por tanto que el Gobierno acabe llevando a los tribunales también a la Junta.

No es la primera vez que el Ejecutivo impugna acuerdos asumidos por el Ayuntamiento de Córdoba. Ya lo hizo (y los jueces le dieron la razón) con la decisión de que casi todos los servicios municipales fueran considerados como esenciales y así facilitar la contratación de personal.