Finch vuelve a su puesto en ADIF tras salir de la cárcel

El funcionario está acusado de haber recibido las mayores mordidas de la trama Enredadera: más de un millón de euros y dos coches de alta gama

El exdirectivo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Enrique José Finch Ramos, detenido en Córdoba por la Guardia Civil en el marco de la operación Enredadera, y en libertad provisional después de pagar los 250.000 euros de fianza que le impuso la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha regresado a su puesto de trabajo en la estación de Córdoba, según han confirmado a Vozpópuli portavoces de ADIF en Madrid y trabajadores de la empresa.

Finch Ramos está acusado de haber cobrado más de un millón de euros en mordidas, y dos coches de alta gama de regalo, por parte de la empresa sevillana Fitonovo a cambio de que ésta ganara concursos públicos de limpieza y mantenimiento de líneas convencionales y de alta velocidad. En el auto por el que le mandó a prisión, la jueza Alaya imputa a Finch cinco delitos: prevaricación, asociación ilícita, malversación, cohecho y falsedad documental. Las fuentes de ADIF insisten en que Finch ha tenido que “ser readmitido provisionalmente” y en que no ha habido “más remedio legal” que hacerlo.

Los pagos a Finch Ramos habrían sido ordenados y anotados por el director general de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera Foye, al la juez Alaya envió a prisión provisional, eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros. Estos pagos estarían acreditados en un “programa de contabilidad” localizado por la Guardia Civil en el registro de las oficinas de Fitonovo y en el despacho del propio Bruguera. De hecho, fuentes del instituto armado destacan que “los pagos a funcionarios están acreditados por las correspondientes facturas y anotaciones manuscritas en las mismas”.

Según han explicado portavoces de ADIF, Finch Ramos fue apartado en 2011 cuando a la dirección de ADIF llegaron denuncias sobre los supuestos pagos que estaría cobrando Finch Ramos para favorecer a empresas. Las fuentes aseguran que las beneficiadas podrían ser, precisamente, Fitonovo y sus filiales. Al parecer, la denuncia fue archivada en un primer momento pero ADIF optó por cesar a este alto cargo implicado en la operación Enredadera. Por otra parte, ADIF ha anunciado que se personará como parte en la causa y ha anunciado que suspenderá de empleo y sueldo a sus cargos detenidos en esta operación de corrupción de funcionarios en el Sur de España.

El objetivo de estos pagos eran que Fitonovo se asegurase un “macrocontrato” con ADIF para “la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad” en trabajos de desbroce de cunetas y taludes. De hecho, la Guardia Civil constata cómo Fitonovo tiene una “importante facturación” con ADIF a partir del año 2008, que es cuando empieza a hacerse con estos contratos. Los investigadores apuntan, además, que Fitonovo paga tanto al gerente como al técnico de Infraestructuras de ADIF en las provincias de Córdoba, Sevilla y Zaragoza con el objetivo de asegurarse que finalmente se haría con los contratos.

En total, Fitonovo habría sobornado a diez técnicos de ADIF para hacerse con este macrocontrato. En sus mordidas, la empresa investigada por la Guardia Civil habría discriminado el importe de los sobornos según el cargo del sobornado. Así, a los gerentes pagaba cantidades superiores a los 100.000 euros, mientras que a los técnicos los importes variaban de los 30.000 a incluso cantidades menores de apenas 2.000 euros. Eso sí, siempre a cargo de la caja B de Fitonovo.

La jueza Alaya, en uno de sus escritos, ha destacado que “el informe elaborado por la Guardia Civil ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionario públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios públicos”. Además, agrega que “todo esto se ha puesto de manifiesto en el atestado de la Guardia Civil, cuya excelencia en el análisis de prueba permite concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidosa y consistentes”.