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Facua denuncia ante el Defensor el estado de la Estación de Autobuses

El responsable provincial de Facua en Córdoba, Francisco Martínez Claus.

Redacción Cordópolis

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La asociación de consumidores ha elevado tres veces a la Consejería de Fomento y Vivienda la falta de seguridad, de información y de mantenimiento de las instalaciones

Facua ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz tras las tres denuncias presentadas contra la U.T.E. Estación de Autobuses de Córdoba al haber transcurrido más de cinco meses sin que la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba haya dado ninguna explicación sobre los hechos denunciados.

La asociación denunció “la evidente” falta de control en la citada estación, en la que considera que se “incumple” el Pliego de Condiciones Técnicas que regula su funcionamiento. Uno de los incumplimientos más graves tiene que ver con las medidas de prevención para la seguridad de las personas. De hecho, Facua comprobó que “algunas de las salidas de emergencia estaban cerradas con llave, lo que deja en evidencia la clara dejación de funciones de las administraciones competentes, que en este caso son la Inspección de Transportes adscrita a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda y la Dirección General de Movilidad, ambas dependientes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía”.

Facua ha denunciado hasta en tres ocasiones ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, entre otras cosas, la falta de información a los usuarios, la falta de mantenimiento de puertas y luminarias y el incumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de la estación de autobuses de Córdoba.

La U.T.E. Estación de Autobuses de Córdoba, que la gestiona desde 2013, está constituida por

las empresas de transporte de viajeros Alsa, Sepulvedana y Socibús.

La asociación critica “la falta de transparencia” de la delegada Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Josefina Vioque, sobre las actuaciones llevadas a cabo, intervenciones e inspecciones realizadas, así como de las sanciones interpuestas o decisiones adoptadas contra la U.T.E.que gestiona la estación, pese a la gravedad de lo denunciado.

Facua considera “alarmante” que cinco meses después de las denuncias aún no hay respuesta por parte de la Consejería, a pesar de haberla solicitado hasta en dos ocasiones.

Por este motivo, Facua ha trasladado su queja al Defensor del Pueblo Andaluz en base alartículo 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reconoce el derecho de esta organización a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que se tenga la condición de interesado.

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