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Facua Córdoba califica de nefasta la nueva ordenanza del taxi

Trabajadores del taxi en Córdoba. MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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La organización de consumidores considera que la norma no protege los derechos de los usuarios

La asociación de consumidores Facua Córdoba considera, en una nota de prensa, que la ausencia de protección de los derechos de los usuarios que tiene la nueva ordenanza del taxi aprobada ayer por el Pleno del Ayuntamiento hace que se pierda una oportunidad, esperada durante más de una década, para adaptar la regulación a los tiempos actuales e incidirá negativamente en los usuarios. La nueva norma no ha avanzado “absolutamente nada” en derechos y protección de los usuarios con respecto a la de 1992. FACUA Córdoba lleva años presentando alegaciones y poniendo en evidencia las numerosas carencias de la normativa que el Ayuntamiento de Córdoba no ha querido tener en cuenta.

La asociación señala como ejemplo el artículo 58 de la nueva ordenanza donde se indica que “los usuarios que contraten un servicio por radio emisora, por teléfono o por cualquier otro medio telemático, el servicio se considerará iniciado en el lugar de partida del vehículo comenzando así a funcionar el taxímetro”.

“Asimismo, la cuantía máxima por la utilización de este modo de contratación será el doble de la cantidad que en cada momento venga determinada como concepto de bajada de bandera”. FACUA Córdoba aclara que desde la entrada en vigor de esta ordenanza ya se está permitiendo que el vehículo solicitado pueda llegar al punto al usuario con un importe en el taxímetro de 3 ó 3,72 euros, según sea un día laborable o festivo.

En este sentido, FACUA Córdoba entiende esta decisión como desproporcionada e injusta, tal y como reflejó en las alegaciones presentadas y que ya trasladó al Ayuntamiento en sus aportaciones al borrador del documento en enero de 2013.

La asociación considera que lo justo hubiese sido que “el taxímetro se pusiera en funcionamiento cuando el usuario accediera al vehículo incluso en los supuestos de concertación previa del servicio, con o sin emisora”. Asimismo señala, que al menos, el Ayuntamiento debería haber permitido que este asunto quedara a criterio y decisión de la emisora a la que se le solicite el servicio, que por motivos de libre competencia y/o atención comercial, dispusieran bonificar a los usuarios.

Pérdida de derechos

Por otro lado, Facua Córdoba critica que la nueva ordenanza no contemple la obligatoriedad de que los servicios contratados por emisora tengan que informar al solicitante del tiempo de espera. Asimismo, lamenta que el usuario no pueda desistir del servicio si la demora es superior a un tiempo concreto, como ocurre en otras ciudades de España.

La asociación considera que esta situación frívola provoca “falta de información, desprotección y un desequilibrio injusto hacia el usuario ante una contratación de un servicio”, incumpliendo así la ordenanza lo establecido en el artículo 20 y 60, del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Asimismo, y al no fijar tiempo máximo de espera para el usuario ni existir la obligación de la emisora de informar sobre datos del vehículo y/o retraso, la persona que desista del servicio por tardanza pasará a estar entre los que se les pueda negar en un futuro el servicio por abandono del mismo; en tanto no pague por adelantado la tarifa mínima urbana vigente para poder atenderle nuevamente, como así se dice en el artículo 78. Este hecho se podría considerar como abusivo en base a lo establecido en el artículo 82 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

De otra parte y en relación a la concesión de nuevas licencias que hasta la fecha era de 1,55 licencias por cada mil habitantes, ahora también entra en juego que debe estar “garantizada la suficiente rentabilidad en la explotación del servicio”. Por ello FACUA Córdoba se pregunta si las multas por irregularidades a las que está haciendo frente parte del sector del taxi en Córdoba y que ascienden a más de 194.000 euros se tendrá en cuenta a la hora de justificar la rentabilidad en la explotación o no.

Por último, Facua Córdoba critica que se haya aprobado una nueva ordenanza municipal del taxi sin tomar en consideración derechos fundamentales de los consumidores. La asociación lamenta que se quiera beneficiar a una sola de las partes y recuerda que las administraciones públicas deben velar porque se cumplan los derechos fundamentales de las personas consumidoras y se ofrezca una correcta información a los usuarios de los servicios contratados

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