Ya se elevan a 700.000 euros los pagos por las riadas

La sección 2 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional estima tres nuevas reclamaciones contra la Junta por los daños sufridos en fincas tras los desbordamientos de 2010

El goteo sigue y la factura de la Junta por los daños de las riadas de 2010 ya asciende a 700.000 euros. La sección segunda de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha hecho públicas tres nuevas sentencias en las que se estiman las reclamaciones de propietarios de fincas afectadas por la falta de mantenimiento y limpieza de la Junta del cauce del Guadalquivir y de sus afluentes. Los tres nuevos fallos, fechados el 10 de julio, vuelven a insistir en los argumentos que sirvieron de base para estimar los dos anteriores del mes de julio y de finales de octubre de 2013 y toman como base los informes elaborados por la Universidad de Córdoba a petición de Asaja y por un ingeniero agrónomo, que concluyeron que la Administración regional no realizó las tareas de limpieza y mantenimiento del río para evitar su colmatación con las lluvias, así como que los desembalses que se realizaron acabaron por agudizar los daños. Acerca de los nuevos fallos, el primero se refiere a los daños provocados por el desbordamiento del río Cabra que causó daños por valor de 388.727 euros en tres fincas situadas en el término de Aguilar de la Frontera. Junto a ésta, también se estima la reclamación de 142.706 euros del propietario de una finca en el término de Córdoba, que sufrió cuantiosas pérdidas en sus cultivos de trigo y árboles frutales. La última sentencia, conocida hasta el momento, atiende la solicitud del propietario de una finca en la pedanía de Fuentecubierta, que sufrió daños en su olivar por la avenida del arroyo Guadalmazán. Estos fallos, unidos a los dos anteriores, por valor de más de 100.000 euros, elevan la suma a unos 700.000 euros que la Junta tendrá que afrontar ante los propietarios. Sin embargo, ésta es una cifra provisional, ya que el goteo de sentencias condenatorias va a seguir para la Administración regional que, visto lo visto, podría tener que responsabilizarse de indemnizaciones millonarias, una vez que se resuelvan todas las reclamaciones.