La educación concertada protesta con una nueva caravana de vehículos contra la’Ley Celaá’

Integrantes de Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, integrados en la plataforma Más libres, Más plurales, Más iguales han vuelto a manifestarse este domingo en Córdoba con una caravana de vehículos para protestar contra la nueva ley de educación, Lomloe, conocida como Ley Celaá.

Con un recorrido que se ha iniciado a media mañana desde el polígono de La Torrecilla y ha seguido hacia el centro de la ciudad por la avenida de Cádiz, Plaza de Andalucía, Puente de San Rafael, avenida del Corregidor, Conde Vallellano, Paseo de la Victoria y República Argentina para volver al punto inicial, cientos de vehículos han protagonizado esta nueva caravana de protesta, como ya hicieran el pasado 22 de noviembre.

Los convocantes -que han organizado caravanas similares en todo el país- hacían una llamamiento “a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que muestren el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades que supone esta Lomloe”.

Con lazos y adornos de color naranja -y con la presencia de cargos públicos del PP y Vox-, los manifestantes han completado el recorrido para trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos “el amplio rechazo social” que causa esta reforma y protestar ante el avance de la ley y la posibilidad de que la próxima semana pueda ser aprobada en el Senado.

Debate sobre la educación

“Con esta manifestación se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio”, añaden, toda vez que señalan que patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada “coinciden en rechazar” la Lomloe, “tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido”, señalaban los convocantes.

“Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza”, aseguran.

Así, según los manifestantes creen que la Lomloe “supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Añaden que “al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos”, y aseguran que para hacerlo, “se inventa un derecho a la educación pública completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados”.

Dicha organizaciones manifiestan igualmente que en la misma dirección, la Lomloe, en “contra” de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos“.

Asignatura de religión

Asimismo, “posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica Educación para la Ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres”, lamentan.

Por otra parte, apuntan que la Lomloe “no sólo no avanza en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias”, y agregan que “insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres”.

Finalmente, según la educación concertada y privada andaluza “arroga” a la Administración “la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores”, cuando precisamente estos alumnos “son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor”, concluyen.