La Diputación denuncia una deuda de la Junta de 15,8 millones de euros

La delegada de Bienestar Social asegura que le debe el 25% del último bimestre de 2012 de ayuda a domicilio, que suma un total de 2,5 millones de euros

La delegada de Bienestar Social en la Diputación, Dolores Sánchez, ha denunciado esta mañana durante la celebración del Pleno mensual de la institución provincial el incumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Junta de Andalucía sobre el pago del servicio de la ayuda a domicilio. “La Junta de Andalucía debe a la Diputación un 25 por ciento del último bimestre del 2012 de la ayuda a domicilio, que son 2,5 millones de euros. Pero la deuda incluyendo a todos los convenios con la Junta asciende a 15.858.927 euros”, ha señalado la diputada provincial, quien ha solicitado a la administración autonómica que “cumpla con las personas dependientes”.

Sánchez ha apuntado que en la provincia “hay 3.106 usuarios del Programa de Ayuda a Domicilio en municipios menores de 20.000 habitantes, 1.500 auxiliares, 49 empresas y 20 ayuntamientos que tienen la gestión directa de la ayuda. La Diputación sí está cumpliendo con lo acordado en el convenio”.

Por otra parte, el ha aprobado dos modificaciones presupuestarias que alcanzan los 3.931.818 euros y que se destinarán a aumentar las partidas del Programa de Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas, y del Instituto Provincial de Bienestar Social.

El portavoz del Gobierno en la institución provincial, Andrés Lorite, ha detallado que el aumento de crédito destinado al Programa de Fomento y Colaboración con los Municipios –votado a favor por el PP, PSOE y Unión Cordobesa, y con la abstención de IULV-CA- “responde a un cambio de modelo de financiación que este equipo de Gobierno ha llevado a la práctica desde el comienzo de su mandato. Refleja el respeto por la autonomía local y por la libertad que la Diputación tiene en su relación con los ayuntamientos y el modo de realizar las transferencias corrientes”.

En este sentido, ha proseguido Lorite que “hay dos aspectos fundamentales que cambian este modelo de financiación: No es necesaria la aportación municipal y la libertad absoluta que tienen los ayuntamientos para priorizar sus políticas de gasto”.

“Anteriormente había un sistema de financiación, la Acción Concertada, que era claramente dirigista, estableciendo las políticas de gasto y en qué cuestiones debían los ayuntamientos gastarse el dinero de la Diputación. Hoy lo que se establece es justamente lo contrario, un sistema de reparto en el que se le dice a cada ayuntamiento que tienen una cuantía de financiación, a partir de una fórmula matemática, que les corresponde en base a distintos criterios. La Diputación no dice en qué hay que gastar ese dinero, sino que son los ayuntamientos. Debido a eso hay que realizar hacer esa modificación, porque ahora es cuando le toca a la Diputación establecer qué partidas son las que se van a utilizar para transferir a los ayuntamientos”, ha comentado.