Denuncian la pérdida de cinco unidades en colegios de Córdoba

El sindicato Ustea ha lamentado este martes que el proceso de escolarización deja “también” este año “un triste balance de pérdida de unidades en la enseñanza pública en Andalucía”.

Así lo señala Ustea en una nota “aunque sin datos definitivos y por noticias que nos van llegando, a través de los medios de comunicación o por denuncias de la propia comunidad educativa”. En la provincia de Córdoba serían cinco las unidades que se pierdan.

Así, según Ustea, Ampas como las de CEIP Algafequi, de la capital cordobesa, temen que, cuando se formalice la matriculación en el próximo mes de junio, se pierda una nueva unidad de infantil (en cursos anteriores ya se perdió una) y una unidad en primaria. En el caso del colegio Lucano, en el mismo barrio de la Fuensanta, la directiva califica el estado del centro como “crítico” con tres aulas mixtas, es decir, con agrupamientos de alumnado de cursos distintos.

En Baena, “paradigma del fenómeno de la privatización del servicio educativo en una ciudad media en la provincia de Córdoba, la privada concertada copa prácticamente el 70% del alumnado admitido en dicha localidad durante el período de escolarización”. “No podemos olvidar que la red privada-concertada debe ser subsidiaria de la red pública y no viceversa. Estos centros concertados, que se concentran en las grandes y medianas ciudades andaluzas se desentienden de atender las zonas rurales donde el coste es mayor y no existe beneficio económico. En los centros públicos de zonas saturadas de concertada como es la localidad de Baena, en el CEIP Juan Alfonso de Baena, la directiva mantiene la esperanza de recuperar unidades que provisionalmente tienen muchas posibilidades de ser eliminadas tras la culminación del proceso de escolarización. En el CEIP Virrey del Pino, de la misma localidad, mantienen cierta intranquilidad al estar al límite de ratio para poder garantizar el mantenimiento de las unidades que actualmente tienen”, señalan.

“Estos casos son significativos, ya que tanto en Baena, como en la barriada de la Fuensanta en Córdoba capital, la pérdida de unidades se concentran únicamente en los centros públicos, mientras que los centros concertados y privados que los rodean siguen blindados. Además, estos centros lanzan campañas de captación, que hacen que los centros públicos compitan en desigualdad de condiciones por falta de medios”, agregan desde Ustea.

“Especialmente sangrante es el caso del CEIP José de la Torre y el Cerro, en Córdoba capital, que a principios de este curso perdió una unidad (uniendo infantil de 3 y 4 años)”, exponen. “Es imposible que esta situación se revierta si las vacantes que la Delegación Territorial autoriza para el próximo curso en infantil de 4 años son 0. En este caso hay familias que quieren traer a sus hijos e hijas tras probar otros centros y les es imposible, ya que no hay oferta ni posibilidad de retorno. Esa es la otra cara de este proceso de privatización del servicio educativo: la irreversibilidad del mismo”, concluyen.

Según Ustea, se trata del “enésimo capítulo del deterioro continuado de un servicio público fundamental como la educación, una peligrosa travesía cuya vuelta atrás necesita una voluntad política que no existe en la Consejería de Educación y Deporte, como tampoco la hubo en la anterior administración educativa”, en la etapa de gobierno socialista. En esa línea, el sindicato resalta que, “desde 2011”, son ya “cerca de 1.500” las aulas públicas “suprimidas” en Andalucía.

Desde Ustea lamentan así que “cientos de aulas no abrirán sus puertas el próximo curso” y “cientos de profesionales de la docencia seguirán engrosando las bolsas de trabajo y las listas del paro”, además de que “centenares de familias que se verán obligadas a inscribir a sus hijos en centros alejados de su domicilio o son inducidas a escolarizarlos en la red privada concertada”.

Además, desde Ustea advierten de que “con estas unidades escolares perdemos también la ocasión para aumentar la calidad educativa, disminuyendo la cantidad de alumnos que debe atender cada docente, mejorando la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, atendiendo como se merece a la diversidad que puebla nuestras aulas, ofreciendo el apoyo y el refuerzo necesarios para no seguir sufriendo una tasa vergonzosa de fracaso y abandono escolar, dignificando las condiciones laborales de todo el profesorado”.

Desde Ustea apostillan que, sin embargo, “en los centros privados concertados no sólo no se cierran aulas, sino que el próximo curso se atenderá a más de la mitad del alumnado de muchas capitales y ciudades medias de Andalucía, en ocasiones hasta llegar a un 60 o 70% de la población escolarizada”.

“Es el caso de Cádiz, Granada, Málaga o algunos barrios de Sevilla y Córdoba, de Antequera (Málaga), Baena (Córdoba), La Palma del Condado (Huelva) o Linares (Jaén)”, según abunda Ustea, desde donde precisan que, “en estas y otras zonas, donde la oferta privada-concertada predomina sobre la pública, no nos podemos permitir que el deterioro del servicio público se agudice aún más”.

Para Ustea, “la bajada de las ratios máximas, demanda histórica del profesorado, incluso como medida extraordinaria en zonas como las señaladas, saturadas de oferta privada-concertada, podría contribuir a paliar el deterioro del servicio público, evitando que se haga un fenómeno irreversible”.

Desde Ustea lanzan al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, el mensaje de que “no podemos consentir el desmantelamiento de la enseñanza pública en beneficio de unos privilegios elitistas”, y exigen “la adopción inmediata de medidas para evitarlo”. “No podemos aceptar el abandono de la justicia y el progreso a cambio de la desigualdad y la miseria”, enfatiza el sindicato.

Ustea anuncia que seguirá “recabando datos de centros que pueden verse afectados” y promoverá “activamente” y apoyará “cuantas movilizaciones surjan, promovidas por ampas, directivas, profesorado o desde la comunidad educativa en general”, a quienes les envían todo su “apoyo y solidaridad”.