Declara ante Alaya un responsable de conservación de carreteras de Diputación

La jueza Mercedes Alaya accediendo a los juzgados sevillanos
Se trata de un ingeniero de caminos al que se le ha tomado declaración en calidad de imputado por presuntas deficiencias en las certificaciones de obra a Fitonovo | Es la primera imputación de un trabajador de la institución provincial

La “Operación Enredadera” comienza a afectar a trabajadores de la Diputación de Córdoba. Si a comienzos de semana agentes de la Guardia Civil se personaban en la institución provincial para recopilar información sobre los contratos y relaciones con la empresa Fitonovo; a finales de ésta, el pasado jueves, se produjo la primera declaración, en calidad de imputado, de un responsable del servicio de Conservación de Carreteras, en concreto un jefe de servicio, señalaron las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes señalaron que esta persona habría sido señalado desde el primer momento de la investigación por figurar su firma en varias de las certificaciones de obras con las que se les daba validez a los trabajos adjudicados a Fitonovo en las carreteras dependientes de la Diputación Provincial. Según ha podido saber este medio, nada más destaparse la trama de corrupción, el ahora imputado comunicó a sus compañeros que tenía que declarar ante el juzgado de Mercedes Alaya y que, incluso, solicitó documentación de los contratos suscritos con la empresa que está siendo investigada.

Con éste ya son seis los imputados por la “Operación Enredadera” en Córdoba, de ellos el caso más destacado es el de un responsable de ADIF en Córdoba, Enrique José Finch Ramos, detenido el pasado lunes, que habría cobrado más de un millón de euros en 'mordidas' por parte de Fitonovo y para el que el pasado jueves se decretó su ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 250.000 euros (la mayor de todas las impuestas hasta el momento).  El resto de detenidos del pasado lunes, otro técnico de ADIF y tres empresarios, habrían quedado en libertad con cargos tras declarar en los juzgados sevillanos. Córdoba es la segunda provincia, por detrás de Sevilla, en número de implicados en esta macrocausa con ramificaciones en varias provincias españolas.

La operación Enredadera es la continuación de la investigación de la juez Alaya sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño. Del informe realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas que iban desde dinero a vehículos.

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