CTA deberá abonar 30.000 euros para personarse en el caso de Navas y Reina

Imagen del día en el que CTA presentó la denuncia contra Navas y Reina | MADERO CUBERO
El juzgado rebaja la fianza inicialmente impuesta: 15.000 euros por cada una de las causas investigadas

CTA podrá personarse en la instrucción del caso que investiga el Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba contra los exconcejales del PP Rafael Navas y Miguel Reina previo pago de una importante fianza. El Juzgado ha iniciado esta investigación precisamente tras una denuncia de CTA. No obstante, el juzgado estima que si el sindicato quiere personarse como acusación en esta causa deberá presentar una fianza: 15.000 euros por cada caso, es decir, 30.000 euros en total.

En principio, el juez impuso una fianza a CTA de 18.000 euros por cada causa iniciada, que la Audiencia Provincial rechazó y reclamó al juzgado que se volviera a pronunciar. El secretario provincial de CTA, Francisco Moro, anunció que el sindicato se personaría seguro en una de las dos causas, la iniciada contra el concejal Rafael Navas por la gestión en el Alcázar de los Reyes Cristianos. El sindicato abonará esta fianza con fondos propios. No obstante, aún no está claro si también se abonará la fianza en el caso de Miguel Reina.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de sus servicios jurídicos, está estudiando si finalmente se persona o no también en la causa iniciada contra estos dos exconcejales. La causa, hasta que no se resuelva la fianza de CTA, está en suspenso. De hecho, el juez atrasó la declaración de los dos exconcejales, previstas para el mes de abril.

Navas y Reina declararán ante el juez en “calidad de investigados” (término que ha sustituido recientemente al concepto de imputado) por sendos delitos de “presunta prevaricación administrativa”. La citación judicial se apoya en un informe del Ministerio Fiscal que, dada la comparecencia “en calidad de investigados”, estima indicios de delito y da credibilidad a la denuncia planteada el pasado 9 de octubre por el sindicato CTA, que presentó en los juzgados sendos escritos en los que se alertaba de la presunta prevaricación por el fraccionamiento irregular de contratos en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) -cuyo presidente era Miguel Reina- y en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuyo responsable político era Rafael Navas, como delegado de Turismo.

En el caso del Instituto Municipal de Deportes, el primer escrito del sindicato CTA ante la Fiscalía se remonta al pasado 22 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, y en él se denunció el presunto fraccionamiento irregular del contrato con la firma de abogados Cuatrecasas. Según la denuncia, Reina, a través de sendos decretos firmados en mayo y octubre de 2013, habría eludido el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) para contratar al bufete catalán que, entre otras cuestiones, llevó el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el organismo municipal.  La suma de estos dos contratos ascendió a 36.905 euros.

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