Creada la primera Asociación Nacional de Afectados por el Banco Popular

La primera plataforma de afectados por la venta del Banco Popular se ha constituido de forma oficial este jueves en Andalucía tras aglutinar ya a un grupo de unas 300 personas.

Según indica esta plataforma en una nota, uno de los primeros pasos acordados por la denominada Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular es la contratación del despacho Sanguino Abogados para ejercer el asesoramiento y defensa de los intereses de las personas físicas y jurídicas perjudicadas por la adquisición de acciones o de deuda subordinada y por el proceso de resolución de la entidad bancaria.

El empresario e industrial sevillano José Manuel Navarro Bernal es el presidente de la Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular tras la aprobación de sus estatutos y su inscripción en el Registro.

La Asociación ha activado un canal propio de comunicación en la web de Sanguino Abogados ('www.sanguino.pro') y un correo electrónico

('afectadosbancopopular@sanguinoabogados.pro') para gestionar la incorporación de afectados a esta plataforma y mantener un canal de comunicación con todas las acciones que se desarrollen a partir de ahora en defensa de sus intereses.

La asociación espera “una primera avalancha de solicitudes de integración en la plataforma, teniendo en cuenta que son muchas las personas que están atrapadas tras la venta del Banco Popular”.

Asimismo, ha precisado que “son miles los accionistas minoritarios y bonistas --la mayoría de ellos pymes y empresarios individuales-- que suscribieron la última ampliación de capital, normalmente a crédito y con préstamos concedidos por el banco con la única finalidad de cubrir la ampliación, obligados para no perder sus líneas de circulante”.

La asociación realizará con el asesoramiento de Sanguino Abogados todas las acciones económicas, jurídicas y sociales que sean necesarias para ofrecer el mejor asesoramiento y la defensa de los intereses de todos los perjudicados, teniendo en cuenta que éstos perderán todo su dinero y que en muchos casos se pondrá en riesgo sus propios negocios

por las fuertes pérdidas que tendrán que absorber en sus balances.

En este sentido, ya se están estudiando todas las acciones legales y judiciales que se puedan activar para intentar que estos afectados recuperen sus inversiones.

El primer paso es conocer a fondo la situación particular de cada accionista. También se pondrá el foco en la última ampliación de capital “para determinar cómo se comercializaron esas suscripciones, si hubo o no transparencia o si se hizo un análisis adecuado de cara a posibles provisiones por insolvencia de los prestatarios”.

La asociación defiende que “muchas de las operaciones se colocaron a personas, empresarios y pymes sin que se les explicara la situación real de la entidad bancaria y los riesgos reales que afrontaban”.