Una cordobesa en Suecia que denunció violencia machista reprocha su “desprotección” a Exteriores

M. J. M. L. es una cordobesa que reside en Suecia y que ha denunciado amenazas, violencia sexual y malos tratos por parte de su expareja, de nacionalidad sueca, con el que tiene tres hijos menores de edad. Los progenitores están a la espera de que se celebre el juicio por la custodia de los niños en Suecia, previsto en el mes abril.

La mujer denuncia su “desprotección” y la de toda su familia por parte de las autoridades españolas y suecas desde que en octubre de 2017 se puso en contacto con la embajada española para solicitar amparo. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que “siguen atentamente el caso” y existe un seguimiento “continuo”.

Además de denunciar a su expareja en Suecia, la mujer interpuso una querella contra su exmarido ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos (Málaga). La querella, en la que se denuncian malos tratos y violencia sexual, fue admitida a trámite, y están a la espera de que les citen para otro juicio en España.

Para hacer público su caso, su marido actual, J. S. –también español– se puso en contacto hace un mes con la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, quien registró ante la Cámara alta una batería de preguntas dirigidas al Gobierno. La parlamentaria cuestionaba qué ha hecho el Ministerio de Exteriores y la Embajada española en Estocolmo y qué medidas concretas ha llevado a cabo el Gobierno desde que tiene conocimiento de la situación de la ciudadana española.

En declaraciones a Europa Press, J. S. asegura que la Embajada española en Estocolmo conoce la situación de su mujer y su familia. Sin embargo, denuncia que las autoridades españolas “no han hecho nada” para ayudarles ni les han prestado “ningún tipo de apoyo”.

Pero fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación subrayan que tanto la Embajada de España en Suecia como los servicios centrales del Ministerio, donde hay una Dirección de Asuntos Consulares, “siguen atentamente este caso” y apuntan que “se han mantenido diversas reuniones” con la mujer.

M. J. , según explican, ha sido recibida por el propio embajador en Estocolmo y el personal de la Embajada también ha mantenido conversaciones con las autoridades suecas. “El seguimiento de la situación es y seguirá siendo continuo”, aseguran.

Dos de los menores están viviendo con el padre

M. J. M. L. tiene tres hijos con su expareja, a la que conoció en el año 1999 y de la que se divorció en noviembre de 2015. Los menores, de 17, 12 y 7 años, tienen la doble nacionalidad y los dos últimos nacieron en España. En la actualidad, el más mayor vive con su madre y con J. S. porque el menor “así lo ha decidido” y así lo permite la legislación local a partir de los 12 años de edad, según explica J. S., que asegura que los menores han expresado a distintas autoridades locales su disconformidad con su situación.

“Mi mujer no puede ver a los niños. Él les ha quitado el teléfono y no tenemos contacto con ellos, a mi mujer incluso le han quitado la posibilidad de ver el historial médico de sus hijos. El padre les ha cambiado de colegio sin el consentimiento de M. J. ”, relata, asegurando que el argumento dado por los servicios sociales del país es que “ no es un riesgo para los niños”, “que es un buen padre” y que todavía no se ha celebrado el juicio sobre la custodia.

En ese contexto, J. S. denuncia la actuación “racista” contra él y su mujer por parte de servicios sociales de Estocolmo y las autoridades suecas. “Servicios Sociales dan la razón al padre porque es sueco”, asevera.

Según relata J. S. a Europa Press, el juicio sobre la custodia está previsto para el 8 y 9 de abril, aunque su mujer no asistirá porque tiene “trastorno de estrés postraumático” provocado por toda su situación y siente “miedo”.

Desde Unidos Podemos, la senadora Sara Vilà defiende que el Gobierno “debe actuar ante la situación de desprotección en la que se encuentran las víctimas de violencia machista en el extranjero”. Asimismo, recuerda que la Comisión de Exteriores aprobó una moción para mejorar los protocolos de protección de víctimas de violencia de género en el exterior.

La parlamentaria quiere conocer las medidas que ha desplegado el Gobierno de propia iniciativa en los 18 meses que han transcurrido desde que tiene constancia de este caso, teniendo en cuenta “la inconcrección” de este protocolo. La senadora también denuncia que tampoco existe ningún registro para la contabilización de las víctimas y sus hijos en el exterior.

En virtud del protocolo de actuación contra la violencia de género en el exterior, firmado en octubre de 2015 por varios ministerios, se organizan repatriaciones de mujeres y menores para facilitar su regreso a España. Pero esto es algo que M. J. y su marido actual rechazan, ya que no quieren regresar a España dejando a sus hijos en Estocolmo.

Pese a la existencia de ese protocolo, no existe un concepto presupuestario específico para casos de violencia de género, por lo que la cuantificación de las ayudas en estos casos se enmarcan dentro del presupuesto del Ministerio para asistencia de españoles en el exterior, según consta en el balance de actividad consular de 2017.

Ese año, se concedieron 6.142 euros para gastos de repatriación y asistencia a víctimas de violencia de género. Desde 2015 hasta 2017, el gasto en las ayudas asciende a cerca de 15.500 euros.