El Consejo de Estudiantes no secundará la huelga por la reforma universitaria

Los representantes de los alumnoss se unen a la Junta en el rechazo a los cambios del Gobierno

El Consejo de Estudiantes no secundará la huelga convocada para este miércoles y jueves contra la reforma universitaria que implanta el modelo de tres años de grado más dos de master. Así lo ha reconocido esta mañana su presidente, Julio Camacho. “No secundamos la huelga pero demandamos un cambio en las políticas y la defensa de nuestros derechos”, ha señalado Camacho. “Desde el Consejo de Estudiantes siempre hemos apostado por el dálogo y las reuniones como herramientas fundamentales para cambiar las cosas”, ha señalado el representante estudiantil.

Camacho y otra serie de miembros del Consejo se han reunido esta mañana con la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, dentro del ciclo de encuentros que mantiene la nueva representante de la Junta con distintos organismos, entidades y grupos sociales tras ser elegida delegada. “Pedimos que se forme un grupo de trabajo que señale qué carreras pueden adecuarse al nuevo modelo del tres más dos y lograr que el gasto para las familias no aumente”, apuntó Camacho

Para la delegada del Gobierno, Andalucía tiene que ser “dique de contención de una reforma injusta, ya que el llamado 3+2 - 3 años de grado más 2 años de máster- sube el precio de la carrera universitaria puesto que los máster son más caros que los grados y con ello, atenta contra la igualdad de oportunidades”. Por tanto, continúa la delegada, ese sistema “devalúa el sistema público y perjudica a familias y estudiantes”.

Rafi Crespín ha expuesto que el Consejo de Estado y la Conferencia de Rectores manifestaron en su momento que “no es un buen momento” para implantar este modelo y como las universidades pueden o no aplicarla de forma voluntaria, la presidenta de la Junta, Susana Díaz en una reunión con la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, abordaron la reforma universitaria del Gobierno central, en las que la Junta respaldó aplicar una moratoria en la puesta en marcha de la citada reforma.

Según ha explicado la delegada, la reforma planteada por el Gobierno “ataca la igualdad de oportunidades del sistema educativo público, ya que los estudiantes de menos recursos pueden buscar refugio en esta opción quedándose en el grado, con una menor preparación y una mayor dificultad de acceso al mundo laboral”.

Para la Junta de Andalucía, esta reforma “rompe el principio de igualdad, nace sin consenso de la comunidad educativa y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público al encarecer la factura universitaria de los estudiantes y disminuir la financiación pública”. Además este sistema, “encarece la posibilidad de completar la formación y el acceso a estudios de tercer ciclo, doctorado”.