La “chapuza” de Mirabueno: los vecinos denuncian la malversación de medio millón de euros

La Asociación de Vecinos de Mirabueno ha denunciado públicamente que la recepción de las obras de Mirabueno por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo se hizo a pesar de que hay, presuntamente, al menos medio millón de euros en partidas certificadas pero no ejecutadas, partidas sobredimensionadas y precios contradictorios.

Todas estas presuntas irregulares, según los vecinos, cometidas por la empresa Acsa Sorigué y “consentidas” por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que recepcionó y pagó las obras en enero de 2018, ya han sido puestas ante la Fiscalía por parte del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, David Dorado. Este periódico, por su parte, ha contactado con la asociación de vecinos, que han mostrado un documento que recoge la investigación que han llevado a cabo sobre el terreno para cuantificar las “irregularidades” cometidas en lo que califican como la “chapuza” en la urbanización de Mirabueno.

Se trata de un documento que contiene una serie de presuntas irregularidades en la ejecución de la urbanización y que podrían constituir un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. En resumen, los vecinos han contabilizado una posible malversación de 265.537 euros por parte de la empresa en tres conceptos distintos.

El primero de ellos es el de partidas certificadas y presuntamente no ejecutadas. En este concepto, los vecinos han detectado que hay 43.436 euros presuntamente abonados indebidamente. Esto responde a labores que han constatado que no se han hecho y que, sin embargo, en el expediente de obra aparecen cobradas. Por ejemplo, han denunciado que se ha cobrado 30.938 euros por un laboreo mecánico que no se ha llevado a cabo o que se han cobrado 590 euros por tres papeleras que no se han puesto.

El segundo concepto son las partidas sobredimensionadas, que suponen un total de 126.043 euros. Se trata de partidas que se han ejecutado en parte pero se han cobrado en su totalidad, algunas de ellas por un precio muy superior al proyectado. Esto ha ocurrido en la reposición del pavimento, el ajardinamiento o en la plantación de árboles en la urbanización, en las que la empresa certifica una cantidad significativamente mayor que la ejecutada.

El tercer concepto son las partidas contempladas en el proyecto y modificadas en su ejecución. Esto incluye una dudosa actuación en el carril bici -que en lugar de cubrise de aislante se habría pintado-, la construcción de bordillos -que no se ha hecho-, la pavimentación en caminos interiores de las zonas ajardinadas o la construcción de una fuente ornamental distinta a la proyectada. También habría afectado al mobiliario urbano, concretamente a la instalación de farolas de un modelo distinto y más económico al proyectado -pero cobrando el precio original-. Así, el importe de la diferencia de partidas contempladas en el proyecto y modificadas en la ejecución en favor de la empresa ha sido, siempre según los vecinos, de 96.058 euros.

271.207 euros en precios contradictorios

Además de estos tres conceptos, la asociación de vecinos también ha cifrado en 133.155 euros las partidas contempladas en proyecto y no ejecutadas por Acsa Sorigué. Esto implica que la Gerencia de Urbanismo recepcionó y pagó una obra incompleta. Para terminar, el documento identifica una serie de diez precios contradictorios en la obra, que hubieran requerido un nuevo acuerdo entre la Gerencia y Acsa para la continuación de esas tareas, y que suponen un montante total de 271.207 euros. Esto incluye el desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales por valor de 38.673 euros, la demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa por valor de 21.805 euros o la limpieza de urbanización, retirada de escombros y restos de hormigón por valor de 30.440 euros, entre otros.

En este ámbito, los vecinos entienden que la Gerencia Municipal de Urbanismo podría haber incurrido en una presunta irregularidad administrativa, puesto que en la documentación que han podido ver no constan mediciones auxiliares que corroboren la realidad de lo ejecutado y, además, como las modificaciones superaron el límite del 20%, era obligatorio presentar una modificación de proyecto que, por lo que han podido ver, no está en el expediente. Asimismo, los vecinos creen que, presuntamente, la mayor parte de esos precios contradictorios se encuentran “vacíos de contenido”. Es decir, son partidas “supuestamente inventadas”.

Los vecinos han recordado que se sentaron con la gerencia en varias ocasiones a partir de abril y que, desde entonces, “técnicos y políticos” ya están al corriente de todas “estas presuntas irregularidades”. Dado que el procedimiento judicial no se ha iniciado, los vecinos siguen a la espera de determinar si se pueden personar en la causa.