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Al banquillo dos informáticos por crear un 'software' que daba fallo a los sistemas que vendían

Fachada de la Audiencia Provincial de Córdoba | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena total de 13 años de cárcel para dos informáticos acusados de idear un sistema de programas informáticos especialmente configurados para “dar errores” con el objetivo de que se les demandara continuamente sus servicios. En total, se calcula que la estafa se habría aproximado a los 400.000 euros, según consta en la Fiscalía.

Los informáticos son J. G. C. G. y A. Á. C. G., responsables de una empresa que vendía programas de software. Ambos se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. Estos dos informáticos vendieron “a una pluralidad” de empresas programas informáticos de gestión y contabilidad elaborados por ellos mismos. A llaves, vendían e implantaban un sistema móvil de PDA y servicios TIC asociados “que se vinculaban y que solo eran válidos” para los programas que diseñaban.

La Fiscalía asegura en su calificación que estos dos informáticos programaron un sistema para “provocar sucesivas demandas de prestación de servicios por parte de los clientes”. Un empleado de la empresa, que desconocía el uso que se estaba dando al software, fue el que vendió el sistema, sin saber los problemas que daba.

Los programas comenzaron a dar problemas a los pocos meses de su adquisición y generando “continuos fallos que motivaban otras tantas demandas de reparación”. Las demandas eran atendidas bien a través de una página web bien a través de un teléfono de contacto 807, algo que suponía “un beneficio añadido” para la empresa. “Los equipos de las empresas adquirentes no acababan nunca de funcionar bien, pues periódicamente volvían a dar fallos con el consiguiente perjuicio económico derivado del entorpecimiento de su actividad”, asegura la Fiscalía.

En total, se estima una estafa concreta de 381.940 euros. Por eso, se le acusa a ambos informáticos de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil. Además de siete años de cárcel para el primero y seis para el segundo, la Fiscalía solicita también el pago de una multa de 12 meses a razón de 15 euros al día.

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