El Gobierno descontará fondos al Ayuntamiento de Pozoblanco si no justifica un símbolo falangista en un cartel del 8M

El Gobierno de España ha confirmado que descontará al Ayuntamiento de Pozoblanco los “gastos imputables” a actuaciones que no se ajustan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tras la difusión de un cartel con motivo del 8M que incluía el símbolo de la Falange.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo central en una respuesta escrita al diputado de Sumar por Córdoba y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, a la que ha tenido acceso Europa Press. Según detalla el documento, estos gastos se deducirán de la transferencia de fondos que el Ayuntamiento reciba en el ejercicio 2026.

La polémica se originó a raíz de un cartel editado por el Ayuntamiento de Pozoblanco, gobernado por el PP, que en su diseño original —presentado el 26 de febrero— incluía en el centro el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, junto a los logotipos del Ministerio de Igualdad, del propio Pacto de Estado y de otras instituciones públicas.

Ante esta situación, Santiago preguntó al Gobierno si se había activado el protocolo de la Ley de Memoria Democrática para sancionar a los responsables de la difusión del cartel, y qué medidas se iban a tomar para evitar que recursos públicos se destinen a este tipo de iniciativas. El diputado quiso saber también si el Ministerio de Igualdad era consciente de la inclusión de su logotipo en el diseño y qué mecanismos de control se aplicarían para evitar casos similares en el futuro.

En su exposición, Santiago detalló que el Ayuntamiento modificó el cartel tras la polémica, pero que no retiró los ejemplares ya distribuidos en papel, lo que, a su juicio, contribuye a “la difusión de simbología que vulnera la Ley de Memoria Democrática” y a “normalizar organizaciones dañinas para la democracia como Falange”.

Respuesta del Gobierno

En su respuesta, el Gobierno ha confirmado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género solicitará al Ayuntamiento una descripción detallada de las actuaciones realizadas por el Día de la Mujer Trabajadora, así como la medida o medidas del Pacto a las que considera que se adscriben.

Con esa información, el Ministerio de Igualdad evaluará la viabilidad de la financiación. En caso de que las actuaciones no encajen en los ejes del Pacto, los gastos serán considerados no financiables y se descontarán como remanentes de la transferencia de fondos correspondiente a 2026. Además, el Gobierno requerirá la retirada inmediata del logo del Pacto de Estado en todo lo relacionado con dicha actividad.

El Ejecutivo ha recordado que el destino de los fondos debe cumplir con los criterios fijados por la normativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y ha matizado que, por el propio diseño del sistema, no es posible controlar previamente las actuaciones ejecutadas por los ayuntamientos, ya que el mecanismo de control obliga a presentar una justificación de fondos al finalizar el periodo de ejecución, dentro de los tres meses siguientes.

Por último, el Gobierno ha garantizado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género examinará “escrupulosamente” la justificación presentada por Pozoblanco para asegurarse de que el uso de fondos públicos se ajusta a los objetivos del Pacto.