Aprobado el plan para construir 42 kilómetros de carriles bici en Córdoba

Carril bici a Rabanales. | MADERO CUBERO
La Consejería de Fomento prevé que sean 31 los nuevos kilómetros construidos en el casco urbano unidos a una circular que rodee la ciudad de otros 12 kilómetros más

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), primera herramienta de planificación para la promoción de infraestruc-turas y hábitos ciclistas de la que dispone la administración autonómica, y que pretende situar a la comunidad en la media europea de este medio de trans-porte. El Plan, el primero que sitúa a la bicicleta como elemento estratégico de las políticas de movilidad en una comunidad, diseña una gran red de vías ciclistas de 5.139 kilómetros entre las ya existentes, que serán adecuadas y señalizadas, y las nuevas recogidas en el propio documento. Desarrollado en su totalidad, este instrumento supondrá la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, de los que 7.792 están relacionados con la construcción y mante-nimiento de las vías ciclistas, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, la fabricación y la reparación de bicicletas, así como el comercio y los servicios vinculados.

En el área de Córdoba, la propuesta del Plan Andaluz de la Bicicleta se concreta en 42,6 kilómetros, 30,8 para la capital y 11,8 para su anillo circundante, que sumados a los 65 ya existentes (52,3 para la red urbana y 12,7 de tipo metropolitano) se obtiene un total de 107,6.

El documento da cumplimiento a los múltiples compromisos adquiridos por Andalucía con los programas y estrategias para luchar contra el cambio climático, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, promover el crecimiento sostenible y la economía verde y avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

En el ámbito urbano y metropolitano, el Plan plantea que el 10% de los desplazamientos cotidianos en ciudad se realice en bicicleta, con el objetivo de que este medio se convierta en una alternativa real al coche. En el caso de Sevilla, que ya roza ese umbral, se situará en el 15%. La cuota media de la Unión Europea de uso de la bicicleta con respecto al total de desplazamientos es del 7,4, con lo que el documento pretende que Andalucía no sólo alcance, sino que supere los niveles de la Unión en esta materia. Por su parte, las vías autonómicas están más orientadas a la práctica del cicloturismo, el ocio y el deporte.

El documento tiene un horizonte temporal hasta 2020, con una ejecu-ción dividida en dos fases. La primera, entre 2014 y 2017, prevé la construc-ción de una red básica de vías ciclistas en las diez ciudades andaluzas, así como el desarrollo de las redes metropolitanas en las principales aglomera-ciones urbanas. La segunda fase, entre 2018 y 2020, dedicará fundamental-mente el esfuerzo inversor a la red autonómica.

APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS

La inversión prevista hasta 2020 asciende a 421,47 millones de euros, 180,03 en vías urbanas, 171,29 en las metropolitanas y 69,65 en las de carácter autonómico. Esto supone 20 millones de euros más que los recogidos en el borrador del Plan, un incremento que es fruto de la incorporación de aportaciones durante el periodo de información pública. En este incremento se contemplan también 500.000 euros para aparcamientos de bicicletas ligadas a vías ciclistas en el ámbito urbano.

La Consejería de Fomento y Vivienda, que ha presupuestado 18 millones de euros en 2014 para vías ciclistas, aporta un 75% de la inversión necesaria para las vías urbanas, mientras que los ayuntamientos dedicarán el 25% restante. Para articular esta cofinanciación, la Junta propone a los ayuntamientos de las diez ciudades concernidas la firma de convenios de colaboración necesarios para la ejecución de las inversiones. En la financiación desempeñan un papel fundamental los fondos europeos, que en su marco 2014-2020 sitúan como prioridad la movilidad sostenible en sus políticas de transporte, a las que dedica 26.300 millones de euros.

En un solo año con el PAB plenamente desarrollado, según el estudio recogido en el Plan, los beneficios asociados superarían a la inversión, con un ahorro anual de 413 millones en gasto sanitario y en transporte, por disminución del consumo energético y de emisiones contaminantes y por reducción del absentismo.

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