El año 2016 y el misterio de los bomberos conductores

El Ayuntamiento estudia cómo reponer las plazas de estos efectivos a pesar de las restricciones de contratación del Gobierno

“El año que viene, el cuerpo de Bomberos puede que se quede sin conductores”. El teniente de alcalde de Gestión en el Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, lo dejó caer el sábado por la mañana, en la rueda de prensa que ofreció junto a la edil de Infraestructores, Amparo Pernichi. La cita iba a centrarse en las privatizaciones que el nuevo equipo de gobierno local afirma que planeaba el Ejecutivo saliente. Y derivó en cómo las políticas presupuestarias del Gobierno y, concretamente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, están apretando la garganta de los Consistorios.

Como ejemplo de la situación, nada más gráfico que la frase con la que se descolgó el nuevo concejal de Gestión. Las tasas de reposición de funcionarios son limitadas por orden del Estado. Pero, en algunos casos, esta obligación impuesta de controlar el gasto a través del personal lleva a situaciones así. “Hace mucho que no se convocan oposiciones”, lamentaba Aumente. Si bien es cierto, que algunas de las últimas las pruebas han estado sujetas a graves problemas legales que están siendo investigados por los juzgados. Presuntas irregularidades que también se vinculan a la petición o no de la licencia de conductor de vehículos esenciales a los aspirantes.

El Ayuntamiento estudia ahora cómo cuadrar el círculo para el año 2016. Cómo conseguir mantener el servicio -en este caso esencial porque no se puede sacar adelante un parque de bomberos sin conductores- al tiempo se que las cifras encajan con las limitaciones impuestas por el Estado. “Tenemos que sentarnos y mirarlo todo al detalle, pero está claro que no es fácil. Queremos preservar lo público ante todo, pero no nos lo ponen nada fácil”, confiesa el edil socialista.

El caso de los conductores de bomberos es tal vez el más llamativo. Pero Aumente y Pernichi desgranaron unos cuantos ejemplos de esta particular deslocalización municipal en pos del ahorro y el control de gasto. Los mantenimiento de la señalización vertical, rotulación y balizamiento (4,2 millones de euros por cuatro años); de los 290.000 metros cuadrados de zonas verdes (por casi 2,3 millones de euros para dos años); o el de la vía pública dentro del servicio de 72 horas, para reparar desperfectos (550.000 euros al año) son otros ejemplos de privatización que el bipartito dice haberse encontrado.