Alba Doblas lamenta el “injusto” cese del concejal de Hacienda de Madrid

La teniente de alcalde y concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha mostrado este martes su “apoyo incondicional al exconcejal de Madrid Carlos Sánchez Mato”, cesado este lunes por la regidora de la capital, Manuela Carmena, al negarse a aplicar un plan económico financiero pactado con el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.

“Entendemos que ha tenido una gestión brillante, brillantísima, que ha servido de ejemplo para muchas ciudades, que ha introducido mecanismos de lucha para muchos ayuntamientos por una política municipalista junto a los ciudadanos”, ha expresado Doblas, de IU. “Es injusto el trato que se le ha dado a nuestro compañero. La defensa de los ayuntamientos debía primar sobre cualquier otra consideración. No lo digo yo, sino muchísimos ayuntamientos. Que quede claro nuestro apoyo y especialmente el de esta concejala”, insistió.

Doblas se ha sumado este lunes a una carta de apoyo que han firmado varios concejales de Hacienda de IU y otras convergencias en ayuntamientos de toda España.

Éste es el texto de apoyo:

“Cada municipio es un mundo. Unos tenemos superávit, otros lo desearíamos. Algunos ya no tenemos deuda, otros es lo único que tenemos. Hay algunos que no tenemos casi dinero para invertir, otros tienen mucho, pero no les permiten gastarlo. Pero hay dos cosas en las que sí somos totalmente iguales. Lo primero es que todos entramos en la concejalía para cambiar las cosas en nuestro municipio y hacer una gestión económica al servicio de las personas y no de las empresas o los acreedores. La segunda es que la Ley Montoro nos lo imposibilita a todos sin excepción. Por eso entendemos y apoyamos a nuestro compañero Carlos Sánchez Mato.

Entendemos que se oponga a llevar a cabo un Plan Económico Financiero que, siguiendo las imposiciones del Ministerio de Hacienda, va a imponer recortes de más de 500 millones de euros, aunque el Ayuntamiento de Madrid disponga de fondos. Unos fondos que Montoro obliga se destinen a amortizar deuda de manera anticipada. Desde que Carlos Sánchez Mato ocupó en mayo de 2015 la concejalía de Economía y Hacienda de Madrid, el ayuntamiento ha conseguido reducir 2.010 millones de euros de deuda hasta junio de este año. Pero a Montoro no le parece lo suficiente. Oponerse a Montoro, y poner la gestión económica al servicio de la gente en vez de al servicio de los acreedores, le ha costado el puesto a Sánchez Mato.

El Gobierno de Ahora Madrid tomó en su momento la valiente decisión de incumplir la regla de gasto hasta en dos ocasiones, superando el techo en 16 millones de euros en 2015 y en 238 millones en 2016. La decisión no fue solo saltarse una norma, fue también la de decidir que el superàvit del Ayuntamiento vayan a mejorar las vidas de la ciudadanía. En ese periodo, la inversión se ha incrementado en un 102% y la inversión social en un 73%. Pero eso a Montoro no le gusta. Significa demostrar que se pueden hacer política de otra forma, situando a la ciudadanía en el centro. Y eso es algo que el Partido Popular no va a permitir.

Lo que ha ocurrido hoy en el Ayuntamiento de Madrid, con la destitución de Carlos Sánchez Mato como concejal de economía y hacienda, es un batalla que han ganado Montoro y las políticas de austeridad, una batalla perdida ante los grandes poderes financieros. Pero todavía queda mucha guerra por delante y desde el municipalismo transformador seguiremos luchando contra la austeridad de Montoro, por derogar la regla de gasto, por una nueva financiación municipal, en definitiva, porque los ayuntamientos estén al servicio de la gente.

Queremos expresar desde aquí nuestro apoyo a Carlos Sanchez Mato, y a su gestión al frente de la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Y nos comprometemos a seguir en las luchas que hemos compartido, y seguimos compartiendo, con él, por un municipalismo contra las deudas ilegítimas y los recortes. Lo ocurrido hoy demuestra la necesidad imperiosa de una modificación en la actual normativa, no es posible que para hacer cumplir la ley se tenga que poner en riesgo el bienestar social de millones de personas“.