Alaya confirma la imputación al exjefe de Formación de la Junta en Córdoba

La jueza asume las recomendaciones de la UCO de la Guardia Civil y cita a este exmiembro de la Ejecutiva del PSOE para declarar la próxima semana en una nueva fase se la operación 'Barrado'

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha confirmado la imputación del exjefe de servicio de Formación para el Empleo en Córdoba, Manuel Gavilán, según consta en un auto firmado el pasado 27 de mayo y en el que la magistrada cita a declarar, también en calidad de imputados, a otros 12 jefes o exjefes de Formación de las ocho provincias andaluzas.

La Unidad de Delincuencia Organizada (UCO) de la Guardia Civil que desarrolla la investigación de la llamada operación ‘Barrado’, que investiga a exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude en los cursos de formación, ya le propuso a Alaya la imputación de Gavilán, como avanzó este periódico el pasado 20 de abril. Gavilán, que tendrá que declarar la próxima semana ante el Juzgado de Alaya, ya dimitió como miembro de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba, donde tenía el cargo de vocal, dejó la secretaría de organización de la Agrupación Centro del partido y pidió la baja como militante.

El nombre de Gavilán ya apareció en la investigación de la Guardia Civil en el caso de los ERE fraudulentos, pero no fue imputado. Según publicó en su día el diario ABC, un fax remitido por la exgerente de Promi, Cristina Ruiz (que iba en la lista del PP a las elecciones municipales de 2011, y que dimitió antes), al director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, aludía al interés del entonces jefe del Servicio de Formación del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, Manuel Gavilán, por “la prejubilación de unas personas que trabajan en una escuela taller de Lucena”.

Ahora, Manuel Gavilán ha sido formalmente imputado, en una operación que culminó con la detención de dos históricos del PSOE (que ya no forman parte del partido) por su trabajo como altos cargos de la Consejería de Empleo: el exalcalde de Pozoblanco y exdelegado de Empleo Antonio Fernández, y la exconcejala de Lucena y exdirectora general de Formación para el Empleo María José Lara.

Estos dos exaltos cargos quedaron en libertad con cargos después de declarar ante Alaya como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La operación Barrado sigue abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones o imputaciones.