Una administrativa acusada por el fraude en la joyería dice que ofrecían pagar con y sin factura

Una encargada de caja y almacén acusada en el caso Fénix, en el que se investiga un supuesto fraude de más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, ha manifestado este martes ante la juez que ofrecían pagar con y sin factura, a la vez que ha admitido que se crearon algunas sociedades para la facturación y ocultar clientes reales.

Durante su declaración en el juicio del Juzgado de lo Penal número 4, que continuará este miércoles, la procesada ha dicho que se supone que dichas sociedades las creó el padre del principal procesado en esta causa, ya fallecido y que estaba también acusado, dirigidas desde Barcelona, precisando que una de ellas estaba en Córdoba.

Según ha relatado, se hacían transferencias a estas sociedades tras cobrar, en efectivo y talones, por las compras del oro que llegaba desde Suiza y vendían a empresas, si bien ha comentado posteriormente que el dinero de los clientes a veces se llevaba a la empresa de Barcelona y otras a Córdoba, algo que, según ha defendido, no sabe por qué se hacía.

Asimismo, ha detallado que a los clientes les ofrecían dos precios por el oro, fijados por el citado acusado, uno de ellos con factura y el otro sin factura, para lo que realizaban un albarán, al tiempo que para referirse al precio más barato hablaban de “soldadura”. También, ha mencionado que normalmente cuando pagaban en efectivo era “sin factura”.

Además, ha señalado que no sabe por qué se dejaron de usar unas mercantiles para constituir otras, a la vez que ha dicho que conocía los registros judiciales, aunque no sabe por qué a raíz de ellos se dejó de utilizar una mercantil para crear otra. En cualquier caso, ha remarcado que “las decisiones las tomaba el jefe”, el acusado ya fallecido.

Igualmente, ha explicado que a ella la contrataron el jefe y otro varón, no el administrador de la empresa, uno de los presuntos testaferros, después de que “estaba en el paro” y a un familiar, que era conductor de la empresa de Barcelona, le dijeron que si conocía a algún familiar o persona de confianza para contratar, momento en el que ofreció a ella, quien ha asegurado que no sabía a qué se dedicaba la empresa cuando llegó.

En relación con el citado administrador de la sociedad, también procesado, la acusada ha expuesto que no dirigía la sociedad, ni la gestionaba, aunque sí ha afirmado que firmaba los talones un día al mes y solo llevaba a cabo las instrucciones que recibía.

Beneficios “tan bajos”

Cabe recordar que el principal acusado --el hijo del procesado ya fallecido al que se ha hecho referencia-- en este caso, con 96 acusados, de los que algunos han muerto y otros se encuentran internos en residencias, ha manifestado ya ante la juez que su única relación con el departamento financiero era verificar si las cantidades cerradas en las operaciones de compraventa de oro telefónicamente eran correctas o no, después de recibir un fax con las mismas para su confirmación.

Tras advertir de los márgenes de beneficios “tan bajos” en este negocio, el hombre ha abundado en que jamás se reunió con el departamento financiero para tratar temas relacionados con la contabilidad, a lo que ha agregado que su “única obsesión” era el precio, “intentar arañar unos céntimos por debajo del precio de coste”, y ha expresado que no tenía “ningún beneficio” en las compraventas.

Así, ha negado que, junto con su padre, impulsaran crear una trama para evitar pagar impuestos en la compraventa de oro. Según ha expuesto, desde antes de 2002, en el año 1995, trabaja en el sector de los metales preciosos, para lo cual se incorporó a la empresa donde trabajaba su padre y lo hizo como “analista financiero” en el mercado del oro.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a 96 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del presunto cabecilla de la trama, P.J.R.F., que se enfrenta a penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide la fiscal son de dos años de prisión para siete acusados. La Fiscalía pide para el citado procesado penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos.

Los destinatarios

Esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona --que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas-- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.

La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta --IVA--, como por los beneficios en la imposición directa --IRPF o Impuesto de Sociedades--.

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.