Adelante pregunta a la Junta sobre una transferencia “fantasma” a la Fundación Guadalquivir

El parlamentario de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso, ha anunciado que su grupo ha registrado una pregunta en el Parlamento para recabar información sobre una transferencia bancaria emitida desde la Junta de Andalucía a la Fundación Guadalquivir Futuro.

Desde la confluencia recuerdan que, “como es sabido, la Fundación Guadalquivir ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Inspección de Trabajo y del Servicio Andaluz de Empleo, por distintas irregularidades conocidas a través del Parlamento de Andalucía, los juzgados y los medios de comunicación. A su vez, desde el Podemos Andalucía se denunció el 30 de noviembre de 2016 a dicha entidad, y sus asociaciones satélites, por considerar que se podrían haber cometido delitos en la gestión de fondos públicos destinados a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social, a través del Programa Emple@, que se desarrolla gracias a fondos europeos. Varias sentencias por la vía de lo social han determinado que esta Fundación cometía mordidas a los trabajadores y trabajadoras de la Fundación, ante lo cual las mismas dictaminaron que la entidad reintegrarse la parte justificada de los salarios de los trabajadores de los que se había apropiado, algo que finalmente asumió el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)”.

“En el marco del proceso judicial abierto en los juzgados de instrucción de Córdoba como consecuencia de la demanda interpuesta por Podemos Andalucía, se requirieron determinadas pruebas periciales a la Policía judicial, resultando de un informe de la contabilidad de la entidad que el 29 de diciembre de 2015, la Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dependía entonces de la Consejería de Presidencia de la Junta, ingresó 11.638,97 euros en la cuenta de la fundación. Una cantidad que parece ser que nunca se declaró y no sólo eso, sino que la citada Dirección General no contaba con programas para financiar este tipo de organizaciones, sólo a Ayuntamientos”.

Según ha expuesto David Moscoso, “el caso es que una cantidad exacta sí coincide con otra ayuda oficial que la Junta de Andalucía concedió a la Fundación Guadalquivir tres meses después, y que se publicó en BOJA en 2016 vinculado a un proyecto que se llamaba Consolidación del Banco de Alimentos, aunque en este caso la Dirección General que la concedió era Participación Ciudadana y Voluntariado, no Administración Local”.

“Algo que nos genera dudas sobre la tramitación de la transferencia emitida aparentemente sin adscripción a proyecto y orgánica administrativa, y por ese motivo desde Adelante Andalucía hemos preguntado al Consejero del ramo si es legalmente posible que la Junta pague una cantidad antes de que el cargo público que la gestiona ponga su firma y su sello en el proyecto y, en su caso, si esta transferencia a la que aludimos, realizada el 29 de diciembre de 2015, contó con todas las autorizaciones pertinentes de la Junta de Andalucía”.