Los abogados piden el fin de los ‘pinchazos’ policiales cuando hablan con sus clientes

Espacio del Colegio de Abogados en la Ciudad de la Justicia | ÁLEX GALLEGOS

“No es que no quiera que incorporen las grabaciones de una conversación que estoy teniendo con un cliente a una causa. Es que no quiero que me escuchen”. El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, se ha mostrado así de tajante ante la “violación del derecho a la defensa y del secreto profesional” que “se ha generalizado” en toda España, también en la provincia. Ante ello, el Colegio de Abogados de Córdoba ha organizado los días 27 y 28 de septiembre unas Jornadas tituladas Proceso Penal y Derechos Fundamentales, que organiza a través de su Escuela de Práctica Jurídica con el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba y el Proyecto de Investigación del MINECO Derechos Fundamentales y Administraciones Públicas: Nuevas Tendencias.

“Veníamos detectando la necesidad de formar bien o completar la de los letrados en cuanto a la defensa de los derechos del proceso. La garantía de los derechos fundamentales está sufriendo bastante en los últimos tiempos”, asegura el decano. Tanto, que la la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española puso el grito en el cielo después de que se autorizara la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente, el empresario Juan Miguel Villar Mir. “Esto es algo que está a la orden del día”, detalla el decano cordobés.

Sin ir más lejos, Garrido explicó que recientemente una fiscal Anticorrupción invitada a unas jornadas en Córdoba lamentó cómo estaba “harta” de “purgar” en los procedimientos las conversaciones de abogados con sus clientes que se incorporaban a la causa. “Una cosa es la realidad formal y otra la realidad material. Es que no me puede escuchar”, ha condenado.

Sobre el caso Villar Mir, la Abogacía considera que es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal.

José Luis Garrido insiste en que esas grabaciones aunque no se incorporen al procedimiento acaban condicionando la legítima estrategia de defensa de un abogado con su defendido.

En Córdoba, durante dos días, se afrontarán, desde una perspectiva práctica, cuestiones relativas a las novedades más recientes de las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, la protección de la víctima, la segunda instancia penal o la eficacia y ejecución de las sentencias procedentes de los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales. La inscripción para asistir a estas jornadas, que tendrán lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Córdoba, puede realizarse a través de la web www.icacordoba.com.

Para evitar estos hechos, la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

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