Los abogados piden que no se aplique el IVA en el turno de oficio

Los abogados de Córdoba, en una acción de protesta conjunta con el resto de sus colegas en todo el país, ha pedido al Ministerio de Hacienda que retire la aplicación del IVA en el sistema de asistencia jurídica gratuita, un impuesto que acaba de establecer en el turno de oficio a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a Bélgica.

Tras una consulta vinculante realizada por una abogada de Alcalá de Henares (Madrid) al respecto de dicha sentencia, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha interpretado que los abogados del turno de oficio que en España prestan sus servicios también deben estar sujetos al IVA, una decisión que desde el Colegio de Abogados de Córdoba se califica como “un nuevo ataque a la justicia gratuita” puesto que el sistema belga “no tiene naturaleza pública y obligatoria” como sí la tiene el español.

Los abogados señalan que “este cambio de criterio pone en riesgo el sistema público vigente, burocratiza de manera importante la prestación del servicio por los abogados y hace peligrar la estructura organizativa ejemplar y única en Europa” del turno de oficio. Y es que señalan que, desde el 21 de enero pasado, se les obliga a “emitir facturas con IVA a quienes carecen de recursos para litigar”, algo que consideran que no sólo es “irrazonable” puesto que finalmente el impuesto deberá ser pagado por la administración pública dada la gratuidad del servicio para el ciudadano.

Los colegios de abogados de toda España calculan que esta medida supone un desembolso de 50 millones de euros en IVA en todo el país, un montante que ahora se añade a la financiación de este servicio gratuito de justicia por parte de las administraciones autonómicas y que recaudará el Estado.

Desde el Colegio de Abogados de Córdoba se ha enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la petición de todos los profesionales para que se retire la exigencia de cobrar el IVA en el sistema de asistencia jurídica gratuita que, se temen, finalmente podría perjudicar directamente tanto a abogados como a los ciudadanos.