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El 80% de los gitanos rumanos y búlgaros vive en asentamientos

Voluntarios de Cruz Roja, en uno de los asentamientos que atienden regularmente

Redacción Cordópolis

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Un informe de APDHA señala que el cejos total ronda las 400 personas que de media llevan tres años en Córdoba

La Delegación en Córdoba de la APDHA ha presentado en su sede el informe “Acceso de la comunidad Romá a los derechos sociales en Córdoba” que documenta las dificultades que las personas de nacionalidad rumana (también algunas procedentes de Bulgaria) y etnia gitana de nuestra ciudad tienen para acceder a derechos tan básicos como documentación, educación, sanidad, vivienda o servicios sociales, señala una nota de prensa.

Este informe se ha basado en una labor de investigación desarrollada durante los últimos 6 meses, con un intenso trabajo de campo que ha alcanzado a más del 60% de personas del colectivo que viven en asentamientos y a las principales administraciones y entidades de la sociedad civil implicadas con la comunidad Romá en Córdoba. El informe completo está disponible aquí.

Entre los elementos más relevantes que la APDHA ha podido constatar a través de este informe está la ruptura de algunos “mitos” que afectan negativamente a este colectivo. En primer lugar la extendida creencia de que es una comunidad muy numerosa,

que queda desmentida por el hecho de que está compuesta por apenas 400 personas, lo que representa un irrisorio 0,12% de la población de la ciudad.

Por otra parte, igualmente se evidencia que la imagen de personas nómadas que están de paso en la ciudad no se corresponde con la realidad: el 77% de la población Romá lleva más de 3 años viviendo en Córdoba (el 30% más de una década). Éstas han sido dos de los argumentos más recurrentes a la hora de justificar la falta de políticas sociales específicas dirigidas a la integración del colectivo, que han sido desmontadas por este informe.

Por otra parte, el trabajo de investigación presentado ha evidenciado las dificultades materiales que tienen las personas rumano-gitanas a la hora de ejercer derechos que formalmente tienen reconocidos en

pie de igualdad con sus vecinos de nacionalidad española dada su condición de ciudadanas de la UE.

En materia de vivienda, se puede destacar que prácticamente el 80% de la comunidad Romá vive en asentamientos sin ningún tipo de servicio básico (luz, agua, alcantarillado…). En cuanto a documentación, tan sólo el 24% de las familias del colectivo están empadronadas debido a las dificultades burocráticas que sufren para acceder al Padrón municipal, con los graves perjuicios que ello conlleva para el ejercicio de otros derechos.

La escolarización de los menores Romá ha experimentado en los últimos años una evolución positiva en los ciclos de infantil

y primaria, pero en la educación secundaria se sigue detectando un grave problema de abandono temprano (tan sólo el 15% del alumnado de origen Romá está cursando ESO, y un exiguo 3% está en 3º y 4º ESO). El 87% de las personas rumano-gitanas en edad laboral se dedican a actividades económicas del sector informal, especialmente a la recogida de chatarra/residuos, sin ningún tipo de cobertura social ni prevención de riesgos laborales.

En lo concerniente al acceso a recursos sociales, no llega al 3% el porcentaje de población Romá que percibe una prestación social de carácter económico. Por último, respecto al derecho a la salud, destacar que sin justificación razonable las tarjetas sanitarias que se les expiden a los miembros de este colectivo suelen tener un plazo de vigencia llamativamente reducido (en algunos casos no superan los 3 meses).

El informe concluye con una batería de propuestas de la APDHA dirigida a las distintas administraciones competentes en materia de derechos sociales para que nuestros/as vecinos/as de nacionalidad rumana y etnia gitana puedan ejercer éstos en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía, tal como les reconoce formalmente nuestro ordenamiento jurídico. Desvelada la falta de base de las argumentaciones que pretendían justificar la actual situación del colectivo, no existe fundamento alguno para que este contexto de discriminación y vulneración del principio de igualdad se mantenga ni un minuto más.

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