Casi 100.000 euros por la sentencia del TSJA sobre el personal de Dependencia

El pleno de la próxima semana aprobará una modificación de crédito para igualar el sueldo a las siete trabajadoras de Servicios Sociales al convenio de los trabajadores municipales, acatando el fallo judicial

El pleno del próximo día 23 aprobará una modificación de crédito para hacer frente a los gastos que ha supuesto para el Consistorio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado mes de mayo en la que se reconoce la condición de personal indefinido (no fijo) a las siete trabajadores del área de Servicios Sociales vinculadas al refuerzo para atender las necesidades de la Ley de Dependencia.

Según consta en la documentación que se llevará al pleno, la equiparación de los salarios con los del personal municipal (estas trabajadoras llevan años vinculandos sus contratos a la subvención de la Junta) supondrá al Consistorio el desembolso de  97.589 euros, resultantes de sumar las subidas de las retribuciones con los gastos a abonar a la Seguridad Social. Y es que existen casos de trabajadoras que llevaban vinculadas al Consistorio desde el año 2007, aunque sin ser reconocidas como personal propio, algo que ha ratificado el fallo judicial.

En esta documentación se indica que “es evidente que para dichas cuantías no existe una dotación presupuestaria en las partidas correspondientes, ni en las de ejecución de sentencias por lo que, ante la obligatoriedad de ejecutar lo fallado, sería conveniente realizar una modificación presupuestaria que podría proceder del fondo de contingencia”, reza el escrito. De esta manera, el gobierno local, tal y como le recomendaron sus servicios jurídicos, acata el fallo y comienza a abonar la factura.

Ésta no es la única modificación que el Consistorio tendrá que acometer por los contratos del personal de refuerzo de la Ley de Dependencia. Pocos días después de este fallo se produjo otro, esta vez del juzgado de lo Social, número 1, en el que se declaró nulo el despido de las ocho administrativas del servicio, que tuvieron que dejar sus puestos con la excusa de los recortes presupuestarios en los fondos de la Junta. El sentido de este fallo es el mismo que el del anterior: readmisión de las trabajadoras y consideración de personal indefenido, que no fijo, igualando sus salarios a los del Convenio municipal.