La jura de Leonor

La jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor ha sido uno de los actos políticos más importantes de la última década en nuestro país por su relevancia institucional.

Su acatamiento de los principios constitucionales significa la continuidad de la monarquía parlamentaria, un régimen político directamente asociado a la Constitución de 1978. Es bueno recordar en estos momentos que la Monarquía no fue impuesta, sino votada por una amplia mayoría de españoles en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de ese año (más de un 91,8% de los votantes votó a favor, dos tercios del censo electoral). Por eso, Constitución y Monarquía parlamentaria están estrechamente relacionadas, y eso se ha reflejado en el acto de la jura de la princesa Leonor.

Pero también representa el futuro en la persona de una mujer joven como ella, impregnada de los valores europeístas e imbuida del signo de los tiempos, tal como se ha venido reflejando en sus diversas intervenciones públicas. Son tiempos marcados por la libertad de pensamiento, la tolerancia y el valor de la cultura, y por las aspiraciones de igualdad, calidad de vida o cohesión social y territorial. Pero también atravesados por preocupaciones como el cambio climático, la paz entre las naciones, la pobreza, la precariedad laboral o la erradicación del hambre en el mundo.

Esas aspiraciones e inquietudes han quedado reflejadas en el excelente discurso que Francina Armengol, presidenta del Congreso, le ha dirigido a la princesa Leonor en el acto de jura. Ha sido un discurso solemne, como correspondía a la ceremonia, pero también cercano y muy actual, en presencia del rey Felipe VI y la mayoría de diputados y senadores, además del presidente del gobierno de la nación, de una gran parte de los presidentes de las CC.AA. y de las más altas magistraturas del Estado.

La España de hoy ha cambiado mucho desde 1986, cuando tuvo lugar la jura de la Constitución por el entonces príncipe Felipe ante un emocionado Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso de los diputados. España acababa de entrar en la UE y era ya miembro de la OTAN, con lo que culminaba su plena integración en las instituciones europeas y consolidaba la transición democrática, alterada cinco años antes por el intento de golpe de estado del 23-F.

En estos 37 años, hemos tenido normalidad democrática en forma de alternancia entre gobiernos de distinto signo político, con la incorporación de nuevos partidos al arco parlamentario. Además, hemos erradicado el terrorismo de ETA gracias a la cooperación política y la eficacia de los servicios de seguridad, entrando en una etapa de paz como nunca antes se había vivido en nuestro país. Se ha creado un Estado de las Autonomías con niveles de descentralización equiparables a los sistemas federales, si bien necesitado ahora de ajustes para mejorar su funcionamiento. Se han producido cambios relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología, con la digitalización y el desarrollo de la IA, que han transformado nuestras vidas y que plantean importantes retos de cara al futuro (en materia de educación y formación de los jóvenes y de su integración en el mercado de trabajo). Y, además, España ha adquirido un importante peso político en la UE convirtiéndose en uno de sus pilares básicos y desempeñando, en el marco de la ONU, un papel muy significativo en las misiones de paz en zonas de conflicto.

Asimismo, hemos vivido cambios sociales de gran relevancia con el ascenso imparable de la mujer a las esferas políticas y económicas y con avances significativos en temas de igualdad, generando todo ello nuevas formas de familia y planteando nuevos retos (por ejemplo, en materia de conciliación). Hemos alcanzado los niveles más altos en esperanza de vida, pero también en envejecimiento, lo que nos plantea desafíos en materia demográfica, sanitaria y asistencia a los mayores.

También, hemos pasado de ser una sociedad de emigración a otra de llegada de inmigrantes, llenando de diversidad la sociedad española hasta cotas inimaginables y planteando nuevos desafíos (en materia de integración, educación, vivienda…) Igualmente, nos enfrentamos al importante problema del calentamiento global, lo que nos plantea el reto de afrontarlo con formas innovadoras de ordenación del territorio, nuevos modelos de desarrollo y nuevas actitudes y comportamientos sociales, en el marco de una transición ecológica justa. Todos esos grandes desafíos como país exigen un fortalecimiento de las políticas públicas y una estrecha cooperación con la sociedad civil.

Esa es la España ante la que la princesa Leonor ha jurado la Constitución, consciente de que es una sociedad abierta a los cambios por venir y de que las instituciones, entre ellas la monarquía parlamentaria, deberán adaptarse a tales cambios si quieren ser útiles. En los tiempos actuales, los sistemas políticos no se justifican ya por su origen o razones históricas, sino por su utilidad para el bienestar de los ciudadanos y por su ejemplaridad.

La continuidad de la monarquía dependerá, por tanto, de que sepa adaptarse a los nuevos tiempos incorporando transparencia en su funcionamiento. Sólo así podrán verla los ciudadanos no como algo anacrónico y opaco, sino como una institución moderna, como la clave de bóveda de un sistema político capaz de mejorar la vida de la población.

Ese es el gran desafío que encierra la jura de la princesa Leonor, y esa es la confianza que ella ha pedido a los españoles en su acatamiento de los principios constitucionales.