Cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa. En el proceso histórico de construcción política, social y jurídica de la actual Unión Europea, la primera fecha importante en su experiencia de integración y unidad es el 9 de mayo 1950. En esta fecha, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia, Robert Schuman, inspirado por otro de los ideólogos de la unidad europea, Jean Monnet (las Cátedras de Estudios Europeos-Centros de Documentación Europea llevan su nombre, tuve el privilegio de ser investigador durante dos cursos académicos en uno de esos centros), planteó públicamente integrar las industrias del carbón y del acero de la Europa occidental. De esta idea surgió la primera Comunidad Europea, la del Carbón y del Acero (CECA), cuyo Tratado se firmó en París en 1951.
Unos años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en Roma los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y de la Comunidad Económica Europea (CEE o Mercado Común). Todo este proceso de integración europeo constituye un proceso gradual que debe abordar necesariamente la dimensión política, económica, y social, aunque tuvo su inicio exclusivamente con la liberalización del comercio y el diseño de políticas económicas comunes entre los países fundadores. Se trataba de un movimiento de unidad que se ha ido generando y potenciando en el devenir más reciente de la historia del continente europeo.
Pero, como trágicamente sabemos, anteriormente la historia de Europa había estado protagonizada por enfrentamientos bélicos para dilucidar cuestiones territoriales y de soberanía política en diferentes puntos del solar europeo. En Europa se libraron las dos guerras mundiales del siglo XX y se perpetró un escalofriante genocidio por el régimen nazi del alemán, el autodenominado “Tercer Reich”, el estado alemán del período 1933-1945. En ese mismo tiempo, en España, el régimen autocrático de Franco había implantado un estado totalitario de persecución, cárcel y ejecuciones masivas, tras un sangriento golpe de Estado frente al régimen democrático de la segunda República, con la consiguiente anulación de la vigencia de la Constitución Española de 9 de diciembre de 1931. Es clave que sigamos ejerciendo memoria democrática.
Después de la primera guerra mundial (1914-1918), se abrió un debate político e intelectual europeo sobre la conveniencia y necesidad de unir política y económicamente a los Estados Europeos, que se intensificó tras la segunda gran contienda bélica (1939-1945). No obstante, en pleno siglo XX se produjo otra gran división en Europa, la ideológica y económica: comunismo-capitalismo, con bloques militares enfrentados (Pacto de Varsovia y OTAN), la llamada “guerra fría”, con muro (físico) incluido, que dividió Berlín durante décadas, hasta noviembre de 1989, produciéndose, poco después, en 1991, la desaparición del estado que dominaba el bloque comunista, el soviético (URSS).
Los Estados integrantes de las originarias Comunidades Europeas fueron Alemania, Francia, Italia, y los tres Estados del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En enero de 1973 se produjo la primera adhesión de nuevos estados, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981 se adhiere Grecia, en virtud del Tratado de Atenas de mayo de 1979. El Reino de España y la República de Portugal se unieron al club comunitario en enero de 1986, tras la firma del Tratado de Madrid y Lisboa de 12 de junio de 1985. En 1995 se configuró otra gran ampliación, con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. En esta misma fecha, los ciudadanos de Noruega decidieron en referéndum no entrar en las Comunidades Europeas, al igual que ya habían hecho en 1972.
Pero la gran ampliación territorial y política por el este de Europa estaba por llegar, con el reto de integrar los pueblos y Estados desarrollados tras el muro de Berlín, bajo la influencia de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La Unión Europea acogió a diez nuevos países en el año 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. En 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania, constituyendo la última incorporación, en este caso del área balcánica, Croacia, el 1 de julio de 2013. En la actualidad, por tanto, una inmensa mayoría de estados europeos forman parte de la UE. En concreto, son 27, tras la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020.
El lema de la Unión Europea es “Unida en la Diversidad”, que intenta sintetizar todo un proceso de integración económica y político iniciado hace casi 75 años. Esta expresión, “Unida en la diversidad”, se utilizó por primera vez en el año 2000 y se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la Unión Europea, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.
La profundización del proceso de integración de Europa sólo tendrá futuro si se abordan decididamente las preocupaciones reales que tenemos los ciudadanos europeos, elaborando de manera participada y ejecutando verdaderas políticas de integración comunitaria en materias como el empleo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los valores ambientales, la extensión de la cultura, o la cohesión social entre los territorios y poblaciones de la Unión, en una lucha permanente por la igualdad.
La apuesta política por la protección del medio ambiente es una de las claves de futuro de la UE, con el reforzamiento de la política medioambiental, propiciando el aumento del uso de las energías renovables, la disminución del consumo energético y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, elementos que tienen necesariamente que formar parte de un nuevo modelo de desarrollo económico, que se plasmó en el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la Comisión Europea para el actual período 2019-2024, o la Directiva europea de fomento de las energías renovables de 2018.
Hemos de afirmar que actualmente las políticas ambientales tienen un sustento legitimador en las evidencias científicas y afortunadamente es creciente la aceptación social para su implementación por los Gobiernos, como se pone de manifiesto en iniciativas ciudadanas diversas y en resultados electorales en importantes Estados europeos, a pesar de los intentos negacionistas que se lanzan desde opciones políticas extremas, que a su vez tienen tentaciones autoritarias, con intentos de revisar la historia y negar los colapsos democráticos. Es muy necesario prestar atención a esta cuestión.
En 2022, la Unión Europea aprobó su VIII Programa de Acción en materia medioambiental, a través de la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, que sustituye al anterior, el séptimo, que rigió entre el 2013 y el 2020.
Consecuente con las acciones desarrolladas a lo largo de la ejecución del VII Programa 2013-2020 y con el Pacto Verde Europeo 2019-2024, el principal objetivo del nuevo programa aprobado en 2022 es “acelerar la transición ecológica hacia una economía climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, basada en las energías renovables, resiliente, competitiva y circular de forma justa, equitativa e integradora, así como proteger, restaurar y mejorar el estado del medio ambiente, entre otras cosas deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad”, según se proclama en el apartado segundo del artículo 1 de la mencionada Decisión de 6 de abril de 2022.
Además de cumplir con todos estos esenciales compromisos ambientales, que son clave, el Parlamento Europeo, que entre el 6 y 9 de junio será renovado para su Legislatura 2024-2029, y que contará en esta ocasión con 720 europarlamentarios (a España le corresponden 61 en este nuevo mandato europeo), sigue teniendo pendiente conseguir que realmente el ciudadano participe con más intensidad en los asuntos europeos y que se eleve de forma significativa su participación política en las elecciones europeas, que viene siendo escasa.
Posiblemente, como causa de esta escasa participación ciudadana, es determinante el hecho de que en el esquema institucional de la UE, el Parlamento Europeo, a diferencia de las asambleas legislativas estatales, no es verdaderamente un órgano legislador soberano, como cualquier parlamento democrático, ya que el procedimiento legislativo ordinario en la UE es el de codecisión entre el Consejo de la UE, constituido por representantes de los gobiernos de los estados miembros, y el propio Parlamento Europeo, correspondiendo el monopolio de la iniciativa legislativa a la Comisión Europea.
Para este importante reto de crecimiento democrático y social de la UE somos necesarios ciudadanos europeos más informados y comprometidos en el proceso de construcción europea, con el objetivo de hacer más democrático el actual sistema institucional de la UE. Y, el Parlamento Europeo sigue sin tener el poder que debiera, dado que es la única institución comunitaria elegida directamente por la ciudadanía, y que, por tanto, por fundamento democrático, debiera ser realmente soberana, una verdadera asamblea legislativa, y no en codecisión como está configurado actualmente.
Europa, que ha sido en importantes etapas históricas territorio de democracia y protección social, tiene hoy un gran reto, ser de nuevo un espacio de solidaridad en este decisivo momento histórico de belicismo y de crisis económica y social, tras una difícil etapa de pandemia y sus consecuencias, que aún las sufrimos en algunos ámbitos. El bien común debe ser precisamente el objetivo prioritario de las políticas europeas, y también nacionales. Hemos de recuperar el impulso de integración social de la UE, con los valores de solidaridad, cooperación, protección del medio ambiente y democracia avanzada como principales ideas fuerza para la Europa de hoy, y la del próximo lustro, ya en plena tercera década del siglo XXI.
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