Una de las diversas formas que hay de interrogarse acercarse del poder —ese algo que, como le ocurre a la idea del tiempo, sabemos qué es a condición de que no nos pidan que lo definamos— tiene que ver con el silencio, es decir, el poder entendido como la capacidad de imponer, o de evitar, que se pueda tener la boca cerrada. La vinculación entre poder y silencio.

En el mundo del derecho resulta patente esa conexión, ya que, luego de no pocas luchas y reivindicaciones, el silencio se ha podido erigir y garantizar como un auténtico derecho fundamental que, precisamente, se ejerce frente al poder del estado. Así las cosas, poder guardar silencio y no estar obligado a declarar se antoja, sin duda, como una de las principales conquistas de una ciudadanía que dispone así de resortes para defenderse frente a la poderosa maquinaria policial o judicial. Piénsese en los procesos inquisitoriales —o más recientemente, en los juicios sumarios propios de regímenes dictatoriales— en donde la actividad probatoria de cargo se fiaba a la confesión del acusado, quien no podía resistirse a un poder —en no pocas ocasiones brutalmente ejercido mediante la tortura— que le sustraía de la posibilidad del silencio y que le imponía la inexcusable obligación de declarar y reconocer los hechos —reales o no, qué importaba eso— objeto de pesquisa.

En la vida pública también es fácil atender a la capacidad del poder para, en este caso contrariamente a lo que sucedería en la recién referida esfera judicial, imponer un selectivo silencio a quien pueda parecer sospechoso de genuina (o inventada) disidencia, acallando —de muy diferentes y creativas formas— las voces discrepantes.