El PP pedirá en Pleno al Gobierno revisar financiación local por “asumir cada vez más competencias impropias”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de las mociones que lleva su grupo al Pleno Ordinario del jueves, entre las que presenta una para solicitar al Gobierno de España “una revisión en profundidad” de la financiación local, cuando se aborde la autonómica, porque “los ayuntamientos cada vez asumen más competencias impropias”.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que dichas competencias “según la ley no corresponderían en exclusiva a los ayuntamientos, pero por la proximidad con el vecino se van asumiendo, aunque con los recursos propios, sin que haya contraprestación del Gobierno central o incluso algunas veces de la administración autonómica para prestar esas competencias”.

De hecho, ha detallado que “en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se trató ya esta cuestión y se solicitó al Gobierno de España que se tuviera en cuenta la revisión al alza de las competencias locales en materia de servicios sociales y sociosanitarios, en economía, en empleo, en desarrollo local y agenda urbana, en política de juventud, en políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género y en consumo y educación”.

En palabras del edil, “son competencias que cada vez más asumimos desde los ayuntamientos, pero no se corresponden con el incremento de la financiación por parte del Estado”.

En segundo lugar, se va a pedir “una mejora del desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía” ante “todos los que somos usuarios de los trenes en nuestra tierra, especialmente Media Distancia, aunque ya cada vez más los retrasos, incumplimientos y problemas afectan a mayor tipo de servicios, como los Avant y Ave”, por lo que cree que “es necesaria una inversión y que se sepa cuándo van a finalizar la obra de reforma del carril de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, que, según el propio Gobierno, provoca los retrasos”.

Según ha expuesto, “llevamos más de dos años sin saber cuándo va a finalizar esa obra, el estado de la misma y sin que haya una previsión suficiente de cuándo van a dejar de darse esos retrasos continuos y permanentes”, al tiempo que piden que “se avance en la liberalización ferroviaria de Andalucía, con una planificación clara para la reforma integral de conexiones como Sevilla, Mérida y Almería-Jaén, también en lo que afecta al paso por la provincia de Córdoba”.

Fuerzas de seguridad

En tercer lugar, desde el PP van a presentar una propuesta donde instan al Ejecutivo a “rectificar los incumplimientos con la Policía Nacional, la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones y los servicios de vigilancia aduanera”, que “son servicios fundamentales que velan por la seguridad, el bienestar de todos los españoles, andaluces y cordobeses y que deben admitirse sus justas reivindicaciones a las que, por desgracia, todavía el Gobierno hace oídos sordos”.

Así, se ha referido a “la declaración de la Policía, Guardia Civil y agentes de aduana como profesión de riesgo, a atender su petición de mejoras laborales y a corregir la injusta discriminación que sufren en cuanto a la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada”, a la vez que reclaman que “se reconozca formalmente a los funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública”.

También, que “se dote de los medios materiales suficientes y acordes con la peligrosidad de sus funciones, de tal forma que cuando haya algún tipo de enfrentamiento o de seguimiento que hay que hacer a los delincuentes no estén en inferioridad de condiciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Registro de viajeros

Y en la última propuesta del PP solicitan que “se reviertan las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan hospedaje o alquiler de vehículos a motor, es decir, el registro exhaustivo de datos para acceder a un hotel o al alquiler de un coche”, ha apuntado el concejal.

Al respecto, ha comentado que, “según el propio sector, ocasiona un gran perjuicio, no sólo porque puede retraer a algunas personas por esa invasión de la privacidad a la hora de optar a estos servicios, sino también porque la forma en la cual se ha planteado esta recogida de datos entorpece, por ejemplo, el acto de entrada en un hotel o recoger las llaves de un coche, porque requiere tanta carga burocrática que no se ha sabido prever hacerlo de una forma ágil y eficaz”.

Frente a ello, ha defendido que “hay que asegurar que se ejercen estos servicios con toda seguridad, pero también con toda privacidad y con toda celeridad y eficacia”, de ahí que demanden al Gobierno de España que “derogue ese decreto” y “buscar fórmulas” con el sector hostelero y de alquiler de vehículos.